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Áncash: Fiscalía pide prisión preventiva para alcalde de Huaraz

El Ministerio Público solicitó que se dicte 18 meses de prisión preventiva contra el burgomaestre de Huaraz, Rori Mautino Ángeles, por el presunto delito de colusión agravada; al entregar la buena pro a una empresa que ejecutó obra de ciclovía en la ciudad.

El fiscal Robert Rojas Ascón, del Noveno Despacho Transitorio de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Áncash, presentó un  requerimiento de medida coercitiva  ante el Poder Judicial. La medida abarca a otros cuatro funcionarios; Andrés Alfredo Inga Sánchez, Walter Edmundo Revilla Cancán; Wilson Eder Sosa Pisfil y Jhon Stevens Mejía Morales investigados por el delito de colusión agravada.

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“De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, sí hay los suficientes elementos de convicción y se ha cumplido con todos los presupuestos. Hay pericias y documentales que se han recabado en la investigación”, informó a la prensa.

El presupuesto de la implementación de ciclovías estaba valorizada en 417mil 465 soles.

Asimismo, la Contraloría de la República informó una serie de observaciones, en agosto del año pasado, en la ciclovia del tramo de la avenida Pedro Pablo Villòn.

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DATO:

Cabe mencionar que en el 2019,en Lambayeque, el Ministerio Público solicitó que se dicte 36 meses de prisión preventiva contra el ex alcalde de Illimo, Juan Manuel Cabrera Farroñán, y otros tres investigados, que habría conformado una presunta organización criminal dentro de la municipalidad, entre los años 2015 y 2018.

La medida abarcó  a los ex funcionarios ediles José Eduardo Piscoya Fernández y Nélida Sandoval Acosta, así como al proveedor Willian Hilario Rafael Horna. Además se solicitó comparecencia contra otros cinco imputados.

El requerimiento se enmarcó en la investigación de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, por los presuntos delitos de colusión agravada, falsedad ideológica, y falsificación de documentos, en el marco de la ley de crimen organizado.

Según la misma, Cabrera Farroñán habría aprovechado su cargo como alcalde para conformar una organización en el municipio, con el propósito de apropiarse de recursos destinados a la obra ‘Mejoramiento y ampliación del sistema de redes eléctricas en media y baja tensión de los caseríos de Illimo’, a través del direccionamiento irregular de la buena pro a favor de Rafael Horna. Fuente: Fiscalìa.

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