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Así lo hizo saber Anthony Blinken a mandatario peruano, Pedro Castillo

Estados Unidos dijo a Perú que la rendición de cuentas es “vital” para una democracia, ante la crisis abierta por las acusaciones de corrupción contra el presidentePedro Castillo, quien ha denunciado un golpe de Estado en su contra.

“Estamos dando seguimiento muy de cerca a la situación política de Perú y creemos que la rendición de cuentas es vital para un sistema político democrático”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El funcionario subrayó que los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como lo son Estados Unidos y Perú, tienen el compromiso de defender “los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho”, tal y como lo establece la Carta Democrática Interamericana.

En ese sentido, Price apoyó que la OEA actúe como un “socio” para que Perú fortalezca su democracia. El portavoz explicó que este fue el “mensaje” que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, trasladó a Castillo Terrones y a otras autoridades peruanas en su visita a Lima el pasado 6 de octubre.

Por otro lado:

Fiscalía rechaza presiones y maniobras de intimidación

El Ministerio Público rechazó las imputaciones del presidente Pedro Castillo, quien los acusó de estar coludidos con un grupo de poder para que no termine su mandato.

Ante ello la institución envió exigió “respeto a la independencia de los fiscales para la persecución del delitos, sin intimidaciones ni injerencias”.

“La decisión institucional de presentar la denuncia constitucional contra el presidente de la República y otros altos funcionarios, que cuenta con el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos, presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores a nivel nacional y coordinadores de las Fiscalías especializadas, se fundamenta en el resultado de actos de investigación objetivos, sobre la existencia de suficientes indicios que revelan la presunta comisión de delitos”, señala parte del comunicado.

Indica que la denuncia constitucional presentada al Congreso de la República “se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales de la Fiscalía de la Nación y el cumplimiento de los mandatos constitucionales de perseguir el delito y luchar contra la corrupción”.

“Los fiscales conducimos nuestras investigaciones con total objetividad, apego a la Constitución y con respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia, sin ningún tipo de interés político, ideológico, económico ni mediático”, sostienen.

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