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El Poder Judicial dispuso esto luego de realizar un informe psicológico de la agraviada y revisar los chats que evidenciaban la violencia hacia la agraviada.

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El Segundo Juzgado Subespecializado en Violencia Contra Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Sullana dispuso medidas de protección por violencia familiar en contra del parlamentario Eduardo Castillo, de la bancada de Fuerza Popular.

Cabe precisar que el congresista fue denunciado por su cónyuge, Maricarmen Lisberth Salazar Quintana, quien lo acusa de violencia familiar y maltrato psicológico, el pasado 21 de febrero en la comisaría de Sullana.

De acuerdo al informe, la decisión del Poder Judicial se dio luego de realizar un análisis psicológico de la agraviada y revisar los chats de WhatsApp con el congresista, los cuales habrían evidenciado la violencia que ejercía el parlamentario sobre su esposa.

“(…) Presenta reacción ansiosa situacional, frente al conflicto percibido como estresante ante la negativa del presunto agresor de cumplir lo acordado verbalmente (compra de bienes materiales para amoblar el departamento y pensión de alimentos de su menor hija)en la conciliación, manifestando indicadores de tensión, enojo, temor y preocupación, siendo esta pasajera y de corta duración, dicha conclusión está ligada a los hechos motivo de denuncia (…)”, indica el informe psicológico de Salazar.

 Medidas de protección

La magistrada del Segundo Juzgado Subespecializado en Violencia contra Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Sullana, Líder Ermelinda Facundo Facundo, dictó una orden de alejamiento contra el parlamentario Eduardo Castillo.

«Eduardo Castillo Rivas se encuentra prohibido de ingresar al domicilio y acercarse a la parte agraviada, tanto en su centro de trabajo y estudios, establecimientos públicos o privados, y vía pública, en un radio de 100 metros», se lee en una resolución.

Además de la citada orden, la jueza dictaminó que el parlamentario fujimorista deposite una asignación económica en favor de su aún esposa e hija. Asimismo, se le niega la posibilidad de «llevársela», retirándole así del cuidado de su madre.

En caso Castillo Rivas decida pasar por alto las medidas, este puede ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.

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