La presidenta firmó el decreto que eleva su remuneración más del doble. La medida generó una oleada de críticas en redes y medios, mientras su aprobación ciudadana se mantiene en solo 3%.
El Ejecutivo publicó hoy viernes 4 de julio de 2025 el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF que formaliza el aumento de sueldo de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien pasará de ganar aproximadamente S/15.500 a S/35.568 mensuales. La norma fue suscrita por la propia mandataria y por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, y establece que el nuevo monto será financiado con recursos del Despacho Presidencial.
El reajuste se da en un contexto de baja aprobación para Boluarte —con solo 3% de respaldo según Datum— y en medio de un escenario económico complejo que afecta a millones de peruanos. La noticia ha desatado duras críticas desde diversos sectores sociales y políticos.
Marco legal y argumentos del Ejecutivo
Según el Gobierno, el aumento responde a la aplicación del artículo 52 de la Ley del Servicio Civil y al Decreto Legislativo N.º 1666, que regulan las escalas salariales del personal directivo en el Estado. El sustento técnico proviene del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) del Despacho Presidencial, aprobado por SERVIR a fines de 2024 y modificado en 2025.
El titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, defendió la medida afirmando que “el sueldo de la presidenta estaba por debajo del promedio de 12 jefes de Estado de la región”, y que la actualización “busca un equilibrio entre jerarquía funcional y remuneración”. Señaló además que el cálculo se hizo en función de la paridad del poder adquisitivo y tomando como referencia los salarios de ministros y viceministros.
Sin embargo, el decreto no especifica por qué se priorizó el aumento para la Presidencia ni detalla los países usados como referencia, lo que ha sido uno de los puntos más cuestionados por analistas y congresistas.
Procedimiento sin consulta pública ni debate parlamentario
El proceso fue ejecutado completamente desde el Poder Ejecutivo. No pasó por el Congreso ni fue debatido públicamente. Según el decreto, la Dirección General de Gestión Fiscal del MEF fue la encargada de registrar directamente el nuevo monto en el sistema oficial de planillas del Estado (AIRHSP).
Este procedimiento ha sido calificado como “opaco” por especialistas en derecho administrativo, debido a la ausencia de mecanismos de fiscalización externa y transparencia política.
Comparativa regional y brecha frente al salario mínimo
Con el nuevo sueldo, Boluarte pasa a percibir un ingreso mensual equivalente a aproximadamente US\$9.600, una cifra que —según el MEF— la coloca en un nivel medio entre los presidentes latinoamericanos.
A modo de comparación:
- Luis Lacalle Pou (Uruguay): US\$26.600 mensuales
- Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil): US\$15.600 mensuales
- Gustavo Petro (Colombia): US\$8.700 mensuales
- Luis Arce (Bolivia): US\$3.500 mensuales
- Javier Milei (Argentina): US\$3.260 mensuales
El sueldo de Boluarte ahora es casi 35 veces mayor al salario mínimo peruano, fijado en S/1.025 (US\$288). Esta enorme brecha ha intensificado la indignación ciudadana.
Reacciones sociales y políticas
La noticia fue recibida con descontento generalizado en redes sociales, donde ciudadanos calificaron el aumento como “indigno” e “insensible”. La crítica más repetida: el contraste entre la crisis social del país y los beneficios otorgados a la presidenta.
En Arequipa, durante una reciente visita oficial, la caravana presidencial fue atacada con piedras y huevos por manifestantes. La escena se viralizó como símbolo del malestar social que vive Boluarte, cuya legitimidad sigue siendo cuestionada desde su ascenso al poder tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022.
La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) señaló que “el aumento no solo es inoportuno, sino políticamente irresponsable” y anunció que presentará una moción para citar al ministro de Economía al Congreso.
Un gobierno bajo presión e investigaciones
El aumento salarial ocurre mientras la presidenta enfrenta varias investigaciones fiscales, entre ellas:
- Presunta omisión de funciones por no encargar la presidencia durante una operación estética.
- Presunto enriquecimiento ilícito, tras no declarar joyas y relojes de alto valor.
- Investigación por organización criminal, donde figura su hermano Nicanor Boluarte.
Estas indagaciones, sumadas a su caída en las encuestas, han deteriorado aún más su relación con la opinión pública.
Impacto político y percepción ciudadana
De acuerdo con encuestas de Datum y CPI, la percepción negativa hacia Boluarte se ha intensificado en el último trimestre. Su aprobación de 3% la convierte en la mandataria con menor respaldo popular en las últimas dos décadas en Perú.
A juicio de la politóloga Paula Távara, el aumento de sueldo puede ser “legal en términos normativos, pero políticamente es devastador”, ya que profundiza la sensación de desconexión entre el poder y la ciudadanía.
Una decisión que ahonda la crisis de legitimidad
Aunque el Gobierno argumenta que el aumento se basa en criterios técnicos y en comparativas regionales, lo cierto es que el contexto político, social y económico convierte esta medida en un gesto desafortunado.
Más allá del monto en sí, lo que se cuestiona es la falta de sensibilidad frente al deterioro de la calidad de vida de millones de peruanos, y la ausencia de transparencia en una decisión que debería haber sido pública, consultada y justificada ampliamente.
Con su popularidad en mínimos históricos y su gestión bajo la lupa de múltiples investigaciones, este incremento podría no solo erosionar más su imagen, sino también convertirse en un nuevo símbolo del divorcio entre el poder y la ciudadanía.