La denuncia presentada por el exministro del Interior contra Mónica Delta y el equipo de Punto Final ha generado una fuerte reacción en medios de comunicación, gremios periodísticos y organizaciones de derechos humanos, que califican el hecho como un acto de intimidación y censura.
El exministro del Interior Juan José Santiváñez interpuso una denuncia penal por presunto “reglaje” contra la periodista Mónica Delta y otros miembros del programa “Punto Final” de Latina Televisión. La querella se presentó luego de la difusión de un reportaje que reveló una serie de visitas que Santiváñez estaría recibiendo en su despacho actual como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental de la Presidencia de la República.
El reportaje —emitido el domingo 30 de junio— detalló el ingreso frecuente de figuras políticas al despacho de Santiváñez, lo que generó cuestionamientos públicos sobre el uso de dicho cargo para fines partidarios o de coordinación política. La denuncia presentada ante el Ministerio Público considera que esta cobertura vulnera derechos fundamentales del exministro, entre ellos su privacidad y seguridad personal.
El trasfondo político del caso: del Mininter a Palacio
Juan José Santiváñez ocupó el cargo de ministro del Interior durante un breve y polémico período del gobierno de Dina Boluarte. Su renuncia se produjo en medio de críticas por designaciones cuestionadas y supuestas injerencias políticas en la Policía Nacional. Pese a ello, fue reubicado rápidamente en una oficina estratégica dentro del Ejecutivo, con acceso directo a agendas de articulación intergubernamental.
El reportaje de Punto Final reveló que Santiváñez mantiene reuniones recurrentes con personajes vinculados al entorno político de la presidenta, lo cual —según algunos analistas— indicaría que conserva una cuota de poder significativa y opera desde una posición de influencia.
Pronunciamiento de Latina y gremios de prensa
Latina Televisión emitió un comunicado oficial en el que expresó su “enérgica protesta” ante lo que consideran “un acto de amedrentamiento” por parte del gobierno. La televisora señaló que el reportaje se basó en fuentes públicas, como el registro de visitas a Palacio de Gobierno, y fue realizado bajo estándares profesionales de investigación periodística.
“La utilización del sistema judicial como herramienta para silenciar la labor informativa representa una grave amenaza a la libertad de prensa”, señala el texto de Latina, difundido en sus plataformas oficiales.
A esta posición se sumó la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV),que calificó el hecho como “una forma inaceptable de intimidación hacia quienes practican el periodismo investigativo”. También hizo un llamado a las autoridades judiciales a actuar con imparcialidad y proteger los derechos constitucionales vinculados al acceso a la información pública.
¿Reglaje o fiscalización periodística? El debate legal
Juristas y especialistas en derecho constitucional han expresado preocupación por el intento de judicializar una labor informativa sustentada en hechos verificados y de interés público. El abogado constitucionalista Samuel Abad opinó que “el reglaje implica un seguimiento clandestino e ilegal, lo cual no puede atribuirse a un reportaje basado en fuentes oficiales. Calificarlo así es un despropósito jurídico”.
Organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también han alertado sobre el peligroso precedente que podría sentarse si esta denuncia prospera. “Permitir que funcionarios públicos persigan penalmente a la prensa por reportajes incómodos debilita el Estado de Derecho”, señaló IPYS en un comunicado.
Escalada de tensiones entre Ejecutivo y la prensa
Este episodio no es aislado. En los últimos meses, la relación del gobierno con los medios de comunicación ha sido cada vez más tensa. La presidenta Dina Boluarte ha evitado dar conferencias de prensa y sus apariciones públicas se caracterizan por escasa interacción con periodistas.
A ello se suma una creciente percepción de cerco informativo y hostilidad hacia investigaciones que cuestionan el manejo del poder en Palacio de Gobierno. La denuncia de Santiváñez se inscribe, según varios observadores, en una estrategia más amplia de limitar el escrutinio mediático y blindar a figuras clave del Ejecutivo.
En juego, la libertad de informar
La denuncia penal contra periodistas por un reportaje basado en documentos públicos representa una amenaza directa a la libertad de prensa y a los principios democráticos en el país. El desenlace de este proceso será clave para marcar el límite entre el poder político y el rol fiscalizador de los medios.
En tanto, diversas instituciones defensoras de derechos humanos se mantienen vigilantes. La comunidad internacional, incluida la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, podría intervenir si se evidencia una vulneración sistemática de derechos a la prensa.
La libertad de expresión es un pilar de la democracia. Cualquier intento de silenciar al periodismo debe ser denunciado con firmeza y enfrentado con responsabilidad institucional.