La Segunda Fiscalía Superior de Lavado de Activos, bajo la dirección del fiscal superior Rafael Vela Barba, obtuvo la confirmación del mandato de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón Rojas. Esta medida se da en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos que se le atribuyen al exgobernador regional de Junín y líder del partido político Perú Libre.
El Ministerio Público sustentó su pedido con argumentos relacionados al incumplimiento reiterado de las reglas de conducta por parte del investigado, así como al peligro de fuga, respaldado por su prolongada inasistencia a las citaciones judiciales. El órgano jurisdiccional consideró estos elementos suficientes para mantener la medida privativa de libertad.
Cerrón había solicitado la revocatoria de la prisión preventiva, alegando que tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional anularon las sentencias en su contra por los casos Aeródromo Wanka y La Oroya. Según su defensa, estos fallos demostraban que no representaba riesgo alguno si enfrentaba el proceso en libertad.
¿Qué valoró el tribunal para rechazar el pedido de Cerrón?
El juzgado evaluó los argumentos del Ministerio Público y determinó que las resoluciones de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional no tienen incidencia en el proceso actual de lavado de activos, ya que se trata de un expediente distinto que aún se encuentra en etapa de investigación preparatoria. En ese sentido, las sentencias anuladas no eliminan los elementos jurídicos que justifican la prisión preventiva.
Además, el tribunal tomó en cuenta la conducta procesal del imputado, destacando su falta de colaboración con la justicia y el riesgo de obstaculización de la investigación. Por ello, se concluyó que las condiciones que originaron la medida coercitiva persisten y que no existen garantías suficientes de su sujeción al proceso en caso de variar la medida por comparecencia restringida.
La ratificación de la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón reafirma la validez de los fundamentos presentados por el Ministerio Público en el marco del proceso de investigación por lavado de activos.
El tribunal determinó que los fallos emitidos en otros casos judiciales no tienen relación con este expediente y que el imputado sigue representando un riesgo procesal. Por tanto, se declaró infundado su pedido para reemplazar la prisión preventiva por una medida menos gravosa.