El Poder Judicial abordará este jueves 10 de julio el pedido de renovación de medidas restrictivas y el requerimiento de impedimento de salida del país en contra de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
El 7° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que preside el juez Jorge Luis Chávez Tamariz abordará lo solicitado por el Ministerio Público, quien solicita 29 años de cárcel para la exburgomaestre capitalina entre 2011 y 2014.
Razón de la audiencia
La Fiscalía presentó su solicitud, teniendo en consideración que las actuales medidas restrictivas caducan este sábado 12 de julio, además, porque a la fecha no está impedida de abandonar el territorio nacional.
Cabe señalar que, el requerimiento fiscal también fue solicitado en contra de los demás investigados. En esa línea, la medida también busca aplicarse hacia Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Zevallos Bueno, entre otros procesados.
Un aspecto importante en la audiencia que se desarrollará es que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva hacia el investigado Mario Rúas Nogueira (actualmente en México).
Juicio oral sí o sí en septiembre
Este 23 de septiembre empezará el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
La acusación fiscal también a Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, José Miguel Castro, y otros exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como al exregidor metropolitano, Marco Zevallos Bueno. El despacho del fiscal solicita entre nueve y 25 años de cárcel para los imputados.
Vale mencionar que, también estarán sujetas a juicio a las personas jurídicas Momentum, Ogilvy & Mather S.A., Chirinos & Salinas Asociados S.A.C., Asociación de Amigos de Lima Metropolitana, CMR Construcciones S.A.C., Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A., Rentable.Pe S.A.C., Mindshare Perú SAC, Asociación Ciudadanos por Lima, y Diálogo Vecinal.
El Equipo Especial 'Lava Jato' del Ministerio Público los sindica de haber recepcionado dinero ilegal de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para financiar la campaña de no revocatoria en 2013 y de reelección municipal en 2014.
De esta manera, la exalcaldesa podría estar impedida de salir del país a poco más de tres meses de que empiece a comparecer ante la justicia por los cargos que se le imputan.