Alejando Arteaga
-¿Cuál es su opinión sobre llevar a reos al CECOT de El Salvador?
-El exportar o trasladar la responsabilidad penitenciaria a otro país contraviene todo lo que es soberanía de la administración de justicia de un país, en este caso el Perú, y contraviene todo lo que es jurisdicción y competencias.
Eso no se debe hacer, no podemos renunciar como Estado, como ministerio de Justicia, como INPE, a exportar delincuentes, eso es populismo. Lo que se tiene que hacer es solucionar nuestros problemas penitenciarios.
-Entonces no es tan simple exportar reos como dice alguna autoridad.
-El interno está sometido a reglas interpuestas por la administración del INPE (Instituto Nacional Penitenciario),el INPE a su vez es un órgano que depende del ministro de Justicia y el sistema de justicia depende del Ejecutivo.
Y el Ejecutivo tiene su cabeza máxima que es la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que depende estrictamente de la presidencia de la República.
Por lo tanto, para poder llevar a cabo una exportación de reos a El Salvador se necesitaría todo un cambio de normativa, de legislación, que en este momento impide el propósito de aquellas tendencias que quieren exportar a reos.
-El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga quiere viajar a El Salvador con ese fin ¿Qué opina?
-Si algún funcionario ajeno al ministerio de Justicia está planteando esto, solamente lo puede plantear como reforma el Poder Legislativo, ningún funcionario, alcaldes o gobernadores regionales, podrían sostener la viabilidad, reuniones o intenciones para poder llevar a cabo esto, solamente sería en el terreno de las buenas intenciones nada más.
Técnicamente carece de todo tipo de sustento, hay que agregar que el interno, por regla, purga la pena privativa de la libertad coordinado por la administración de justicia peruana, los tribunales de justicia peruanos y ¿por qué lo juzgan los tribunales de justicia del Perú? Porque el delito fue cometido dentro del territorio nacional y donde los jueces ejercen jurisdicción y competencia, por lo tanto, hacer cumplir la condena en un territorio ajeno al peruano sería vulnerar el derecho de todo justiciable, de todo interno a merecer la pena en el lugar dónde cometió el delito, salvo que fuera extraditado.
-¿Qué implicaría entonces exportar reos?
-No pueden ser expulsados nacionales por haber cometido delitos y que purguen su pena privativa de la libertad en un país extraño, ajeno, que no lo sentenció y no lo condenó; salvo que haya un cambio en la legislación.
Ahora, el Perú tendría que renunciar a una serie de requisitos legislativos, una serie de principios del derecho que yo no creo que sea viable. Se trata de una renuncia tan amplia, tan dogmática, tan legislativa, tan constitucional y renunciando inclusive a tratados internacionales. Yo no creo que eso sea viable.
-¿No lo recomendaría al Ejecutivo o a la Presidenta de la República, Dina Boluarte?
-No solo no lo recomendaría, sino que no es viable, no es ejecutable. Es una idea que queda en las buenas intenciones, porque la realidad nos impide tomar ese tipo de reformas. No todas las reformas colaboran o coadyuvan, hay reformas que son innecesarias en la administración pública y reformas en el sector justicia que no llevan a nada, no conducen a nada.
-Ante esta situación ¿debe reforzarse el INPE?
-Lo que se necesita en el Perú es una reforma de la política penitenciaria y esto pasa por evaluar la población penitenciaria que en el Perú son más de 100,000 internos. Establecer si la población carcelaria ha excedido las capacidades de logística y de infraestructura del INPE. Como todos sabemos ha excedido las capacidades por lo tanto el INPE necesita una profunda transformación presupuestaria, logística, de infraestructura y de capacitación de su personal administrativo y operativo. Caso contrario el problema va a seguir y además a todo esto también tenemos otro problema que las cárceles están hacinadas por la prisión preventiva.
-Pero hay casos de corrupción y complicidad del personal penitenciario con los delincuentes.
-Así es, pero hay trabajar más con la profesionalización, capacitación y sobre todo en la contra inteligencia en la población penitenciaria y en el INPE. Jamás habría que aceptar exportar delincuentes porque hemos perdido la capacidad del manejo de la crisis penitenciaria. Daríamos una pésima imagen internacional y yo diría
-¿Se abusa de la prisión preventiva?
-Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le ha dado un jalón de orejas y ha llamado la atención internacionalmente al Estado peruano porque de su masa global de internos en los penales, un 40% corresponde a prisiones preventivas. Eso es un exceso porque la prisión preventiva, como todo el mundo lo ha dicho hasta la saciedad, tiene un carácter excepcionalísimo, no es la medida de moneda común. Esto to ha generado también un hacinamiento por lo tanto hay muchos factores que implican la reforma del sistema carcelario penitenciario y sobre todo las políticas penitenciarias que tienen que tener el ministerio de justicia.
FUGA DE ESCÁNDALO EN LURIGANCHO
“Aleluya, Cristo vive”
Como John Kennedy fue identificado el reo que fugó del penal de Lurigancho, uno de los más hacinados de Latinoamérica. El interno burló sigilosamente los controles de su pabellón, trepó la malla perimétrica de la cárcel y luego se lanzó desde un muro de tres metros, en medio de gritos del personal de seguridad. “Santa aleluya. Cristo vive”, dijo el fugitivo mientras fugaba. La escena, digna de una película, fue registrada por los vecinos que viven en los edificios contiguos al penal de Lurigancho. Un escándalo que causó la indignación de la población y un terremoto que como en otras ocasiones, va quedando en el olvido en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
HACINAMIENTO
Casi 60 mil internos más de
los que se puede albergar
El Gobierno anunció que se destinarán 3 mil millones de soles para la construcción de nuevos penales.
De acuerdo con las cifras de la Unidad Estadística del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) hasta fines del 2024, las cárceles peruanas enfrentan una crisis de sobrepoblación extraordinaria, llegando a un exceso del 136% sobre su capacidad real.
El país cuenta con 69 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, con una capacidad total de 41.556 personas. Sin embargo, actualmente supera los 100 mil internos, lo que representa un excedente de 59 mil reclusos.