SAC del Congreso aprobó el informe final sobre la denuncia constitucional contra Castillo, por red criminal, tráfico de influencias y colusión
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el informe final sobre la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
Con 16 votos a favor y 6 en contra, se aprobó denunciar a los implicados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y contra la administración pública en la modalidad de colusión.
Con esta decisión, el informe presentado y sustentado por el congresista de Avanza País, Diego Bazán, será remitido a la Comisión Permanente a fin de que sea ratificado. El siguiente paso será debatirlo en el pleno del Congreso. De ser aprobado, la titular del Ministerio Público quedará habilitada para continuar con el proceso en contra del exmandatario Castillo.
Cabe recordar que el congresista Bazán contó con cinco días hábiles para presentar el documento que recomienda denunciar constitucionalmente a Castillo Terrones. El plazo para ello culminó el último martes 27 de diciembre.
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo.
Al respecto, sobre los cuestionamientos ante la ausencia de defensa legal de los acusados, la presidenta de la SAC, Lady Camones, señaló que no se presentaron abogados a dar descargos.
“Ninguno de los tres ha presentado descargos, ninguno. En el caso del expresidente Castillo, su abogado incluso declinó de seguir patrocinándolo. No hemos recibido acá un escrito donde se designe un nuevo abogado defensor del expresidente ni tampoco un descargo, ni un escrito que solicite ampliación de plazo», indicó la parlamentaria.
«Entonces, se ha cumplido con notificar debidamente, se ha cumplido con el debido proceso, con el derecho a la defensa; pero, lamentablemente, no tuvimos descargos», agregó.
Dada esta situación, la presidenta de la SACsostuvo que se actuó conforme establece el reglamento del Congreso y según las atribuciones dadas por el pleno de la subcomisión.
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