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Proyecto del ejecutivo busca frenar los delitos en protestas. La iniciativa fue enviada al Congreso y ya se debate en la Comisión de Justicia

Endurecerán las penas para los crímenes que afectan la vida y los bienes

El Ejecutivo presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para “reforzar la respuesta del Estado” frente a diversos delitos en el marco de las manifestaciones.

La iniciativa lleva una carta firmada por la presidente de la república, Dina Boluarte, y el primer ministro Alberto Otárola. En el documento se saluda al titular del Congreso, José Williams Zapata, y se solicita considerar la aprobación de esta medida con carácter de “urgencia”.

“La presente ley tiene por objeto, establecer medidas inmediatas, urgentes y excepcionales para reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados, cometidos durante la vigencia de la declaratoria de un Estado de emergencia”, se lee en la propuesta.

Lee: 

De aprobarse el texto, aumentarían las penas de los siguientes delitos en los rangos mencionados:

  • Lesiones leves: con una pena actual de 2 a 5 años, pasarían a aumentar en una sanción de 8 a 14 años.
  • Formas agravadas de daño de bienes: con una pena actual de 1 a 6 años, pasarían a aumentar en una sanción de 4 a 8 años.
  • Atentado contra medios de transporte: con una pena actual de 3 a 6 años, pasarían a aumentar en una sanción 8 a 20 años.
  • Entorpecimiento al funcionamiento de Servicios Públicos: con una pena actual de 6 a 8 años, pasarían a aumentar en una sanción de 8 a 10 años.
  • Disturbios: con una pena actual de 6 a 8 años, pasarían a aumentar en una sanción no menor de 15 años.

“La presente propuesta normativa representa un beneficio tanto para la ciudadanía (en la medida que podrá verse protegida frente a tales actos, a través del establecimiento de medidas más disuasivas, en contextos de emergencia),como para el Estado (en la medida que le permitirá afrontar los problemas que pudieran presentarse y agravar los contextos de crisis que dan pie a la declaratoria de un Estado de emergencia)”, se puntualiza.

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