Ministra de Agricultura: “Estado ya no desembolsará us$ 118.5 mlls. solicitado por concesionaria”
La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo, anunció ayer que el Estado peruano ganó el laudo arbitral interpuesto por la Concesionaria Chavimochic, conformada por las empresas Graña y Montero S.A y Odebrecht, razón por la cual el proyecto estaba trabado, y ahora luego del destraba, podrá ser ejecutado en el 2023.
En su disertación ante la comisión de Agricultura del Poder Legislativo la ministra Ocampoaseveró el firme compromiso del Gobierno y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en destrabar el proyecto de riego de Chavimochic III, y puntualizó que el laudo del tribunal arbitral (por la demanda presentada por la concesionaria) favoreció a Perú.
A favor del Perú
“Pese a que contrariamente el Estado pierde los juicios en los tribunales, en esta ocasión, Perúha ganado el juicio, y hemos ganado el ciento por ciento del proceso”, sostuvo.
Luego agregó: “El 4 de octubre el tribunal arbitral laudó a favor del Estado peruano, resolviendo el contrato y no acogiendo las controversias solicitadas por la concesionaria Chavimochic, evitando que el Estado desembolse US$ 118.5 millones o su equivalente en soles, y otros conceptos por daños y perjuicios solicitados por la concesionaria”, indicó a través de un comunicado.
Agregó que una vez conocidos los resultados del laudo arbitral, Midagri trabaja las alternativas más eficientes para el inicio de la ejecución del saldo de la obra, a partir de 2023, con miras a entregar la presa Palo Redondo, concluida al 100%, al Gobierno Regional de La Libertad.
Se hará la Presa
“Invocamos a los diversos actores políticos a dirigirse a la ciudadanía en base a la información técnica y legal existente, evitando distorsionar la realidad de los hechos, ya que genera un ambiente de zozobra innecesario en el país; en el objetivo de la culminación de la presa Palo Redondo, estamos comprometidos todos, pero mediante un proceso transparente, probo y eficiente”, refirió.
El caso inició en el 2017, cuando Chavimochic demandó al Estado tras la demora en la entrega de terrenos para la tercera etapa del proyecto de irrigación y solicitaba una compensación de UbS$ 118 millones.
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