Alertan de fallo irregular en un caso por el control de la azucarera Agropucalá.
Un escándalo de grandes proporciones remece los cimientos de la Corte Suprema de la República, tras conocerse que los magistrados de la Sala Constitucional y Social Permanente de la máxima instancia judicial del país habrían beneficiado al condenado por lavado de activos, Carlos Roncal Miñano, con un fallo irregular en un caso por el control de la azucarera Agropucalá.
Según denunciaron los trabajadores de la compañía, la sala conformada por los jueces supremos Carlos Calderón Puertas, Roberto Burneo Bermejo, Jackeline Yalan Leal, Dafne Barra Pineda, y Augusto Ruidias Farfán, habría usurpado funciones de otra sala suprema para beneficiar los intereses de Roncal Miñano en el expediente de casación N° 28891-2022.
En dicho proceso los magistrados cuestionados rechazaron con sospechosa celeridad los recursos de casación presentados por las partes contra una resolución que entregaba la administración de Agropucalá, a la ex administradora del Sport Boys, Yuly Herrera Llamocca.
Para hacerlo habrían transgredido las competencias asignadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, a las salas de la Corte Suprema. Pues según dicha ley, correspondía que el caso sea resuelto por la Sala Civil de la Corte Suprema por tratarse de un proceso societario de convocatoria a Junta de Accionistas.
Sin embargo, los jueces de la Sala Constitucional y Social Permanente, sin ninguna explicación se hicieron cargo del caso y rechazaron inmediatamente los recursos de casación planteados por las partes afectadas.
Sospechosamente, el mismo día que expidieron la resolución cuestionada dispusieron la inmediata devolución del expediente al Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo para su ejecución. Esto sin esperar al vencimiento del plazo para que las partes pudieran solicitar aclaraciones o formular algún cuestionamiento.
Wilfredo Chero Villegas, abogado de los afectados y especialista en asuntos azucareros, anunció la presentación de una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia por estos hechos.
Además señaló que presentará una denuncia constitucional ante el Congreso de la República, porque a su juicio, los jueces supremos cuestionados habrían cometido prevaricato al invadir la competencia de la Sala Civil de la Corte Suprema, y resolver con extraña celeridad un caso que estaban impedidos de conocer.
Chero explicó que el sospechoso procedimiento de los integrantes de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, busca beneficiar directamente al condenado por lavado de dinero Carlos Roncal Miñano.
Roncal pretende tomar el control de la empresa Industrial Pucalá SAC, designando como administradora concursal de la empresa a la ex administradora de Universitario de Deportes, Sonia Alva Rodríguez a través de una Junta de Acreedores conformada por Agropucalá y la empresa panameña de fachada Caicos Equities Holdings.
El abogado de los afectados, Wilfredo Chero Villegas, sostuvo que es inaudito pensar que los jueces supremos de la máxima instancia judicial desconocen cuales son sus competencias y los casos que les corresponde resolver según su propia Ley Orgánica. Por lo que consideró que se habría alterado el trámite del proceso intencionalmente.
En tal sentido justificó la presentación de la denuncia constitucional contra los magistrados cuestionados a fin de que se investigue si existieron presuntos actos de corrupción en este caso. Más aún si el irregular trámite del caso en la Corte Suprema acabó beneficiando a un conocido lavador de dinero del norte del país, que habría amasado más de 50 millones de soles defraudando a la azucarera Pucalá y a la SUNAT.
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