Afirma legisladora Patricia Chirinos
La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) denunció que mensajeros de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, están comunicándose con los legisladores para obtener votos a su favor, a días de su asistencia al Parlamento para responder por las denuncias constitucionales 209 y 231 (acumuladas).
«La señora Zoraida Ávalos está moviendo sus tentáculos con los congresistas. He recibido información de diversos congresistas que esa señora está ofreciendo archivar denuncias a cambio de los votos para salvarse», señaló.
Chirinos sostuvo que está ofreciendo su ayuda a varios congresistas que están en problemas. «Tanto así que me preguntaron, que si a mí me habían llamado», acotó.
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En otro momento, recordó que puso una denuncia constitucional contra la extitular del Ministerio Público en diciembre del 2021 por omisión a sus funciones.
«No persiguió el delito, que es la función primordial de una fiscal. Allí había varios casos de corrupción de Pedro Castillo. (…) Ella decidió simplemente no a hacer nada», señaló.
La legisladora enfatizó que Zoraida Ávalos fue cómplice del golpista y vacado expresidente de Pedro Castillo. «Ella tenía el deber primordial de denunciar a Castillo», anotó.
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El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional anuló la acusación fiscal en la que se pidió de 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) por el presunto delito de lavado de activos en el caso Westfield Capital (Odebrecht).
De esta manera, el juzgado a cargo de Jorge Chávez Tamariz declaró fundada la tutela de derechos planteada por la defensa de PPK (nulo todo lo actuado),motivo por el cual la Fiscalía deberá realizar una nueva pericia financiero contable.
«Declarar fundado el pedido de la defensa técnica de Pedro Pablo Kuczysnki en consecuencia nulo todo lo actuado retrotrayéndose hasta la investigación preliminar para que la Fiscalía y el Equipo Especial culminen la pericia contable y financiera, así como otras diligencias», expuso el juez Jorge Chávez Tamariz.
El magistrado adoptó esta medida al determinar que la medida fiscal vulneró el derecho a la defensa y a la prueba de ambos investigados, al resaltar que la Fiscalía aún no culminó un informe pericial contable financiero sobre hechos vinculados a la Transportadora de Gas del Perú S.A (TGP),así como otras diligencias que están pendientes de actuar en este proceso penal.
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