Familiares de víctimas de la represión durante las protestas contra Dina Boluarte hicieron un plantón en el frontis de la Junta Nacional de Justicia en Lima, exigiendo justicia y cuestionando a Patricia Benavides. “No es fiscal, es una delincuente”, arengaron algunos.
La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca – Puno viajó hasta Lima para gestionar los casos que siguen en la Fiscalía, por sus familiares heridos y asesinados en las protestas contra Dina Boluarte. Tras reunirse con autoridades fiscales, realizaron un plantón en el frontis de la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en la capital. En la protesta en la que se exigió justicia, los manifestantes arengaron: “Patricia Benavides no es fiscal, es una delincuente”, en abierta crítica a la exfiscal de la Nación.
El plantón se realizó después de que la la Asociación de Familiares y Víctimas de las Masacres 2022-2023 sostuviera una reunión con la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en la sede central del Ministerio Público. Tras este encuentro, los familiares de las víctimas emitieron un pronunciamiento en el que reafirmaron sus principales demandas.
Los familiares y sobrevivientes de la represión policial y militar durante las protestas contra Dina Boluarte, instaron a los equipos de fiscales a continuar con las diligencias presenciales en cada región del país en las que se produjeron estos asesinatos o intervenciones negligentes de parte de fuerzas del gobierno.
Asociación de mártires de protestas contra Dina Boluarte rechaza recorte de recursos a la Fiscalía
Además, expresaron su rechazo a la actitud omisiva de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),que ha decidido no ampliar el pedido adicional de presupuesto para el Ministerio Público. Según denunciaron, esta falta de recursos afecta directamente a la capacidad operativa de los equipos fiscales. Esta limitación de recursos recorta el trabajo de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (UCAVIT),esencial para garantizar el acceso a la justicia.
Asimismo, rechazan el recorte presupuestal aprobado por el Congreso de la República, que reducirá el presupuesto del Ministerio Público para el año 2026. Remarcan cómo el Parlamento considera incrementos a otros sectores sin mayor justificación. Consideraron que este recorte no solo debilita la labor del Ministerio Público, sino que también compromete su rol en la identificación de delitos y al sistema de Justicia.
Los familiares de las víctimas advirtieron que continuarán movilizándose a nivel nacional hasta que las investigaciones avancen con firmeza y se garantice justicia para los caídos en las protestas.
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