La continuidad del concurso público abre dudas sobre la transparencia del proceso y posibles intereses políticos detrás de las decisiones de la Junta Nacional de Justicia.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) mantiene activo un proceso de selección para designar un nuevo fiscal supremo titular, a pesar de que la plaza convocada originalmente —la correspondiente a Patricia Benavides— ya no se encuentra vacante luego de que su destitución fuera anulada. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del concurso, la legitimidad institucional de la Junta y el riesgo de interferencias en la autonomía del Ministerio Público.
❖ Antecedentes: una convocatoria bajo cuestionamiento
El 16 de abril de 2025, la JNJ lanzó la Convocatoria N.º 001-2025-SN/JNJ, con el objetivo de cubrir la vacante dejada por Patricia Benavides, destituida en diciembre de 2024. Sin embargo, en una polémica decisión adoptada sin acta oficial ni deliberación pública, la JNJ anuló dicha destitución, con lo cual, jurídicamente, la vacante dejó de existir.
A este hecho se suman otras restituciones ordenadas por el Tribunal Constitucional, como la del abogado Tomás Gálvez Villegas, y el trámite judicial en curso para la reincorporación de Luis Arce Córdova. Estas medidas consolidan una situación en la que no existe ninguna plaza formalmente disponible en la Junta de Fiscales Supremos.
❖ Falta de pronunciamiento y transparencia institucional
Pese a este nuevo contexto, la JNJ no ha suspendido el proceso ni ha ofrecido una explicación pública de por qué continúa. Expertos legales advierten que mantener el concurso sin vacante viola los principios de legalidad y transparencia. “Cuando no hay plaza disponible, no puede haber concurso válido. La JNJ debería suspender el proceso hasta que se aclare la situación institucional del Ministerio Público”, señaló una fuente del Colegio de Abogados de Lima consultada por este medio.
Además, la forma en que se anuló la destitución de Benavides fue altamente irregular: no hubo sesión plenaria formal ni acta que registre el debate. La decisión fue adoptada por los seis consejeros restantes, presididos por Gino Ríos Patio, sin intervención de la Secretaría General, lo que ha generado críticas desde el interior del sistema judicial.
❖ Intervención institucional: ¿esperando nuevas vacantes?
Distintos analistas coinciden en que la JNJ podría estar anticipándose a un posible reordenamiento de la Junta de Fiscales Supremos, en línea con un presunto plan político impulsado desde el Congreso para inhabilitar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, así como a los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena Campana.
De producirse dichas inhabilitaciones, se generarían nuevas vacantes que permitirían a la JNJ avanzar con nombramientos que —según diversas fuentes— podrían responder a intereses del Ejecutivo y del Legislativo. “La estrategia parece ser tomar control progresivo del Ministerio Público mediante mecanismos institucionales como concursos públicos, pero sin garantías plenas de independencia”, advierte un exfiscal consultado bajo reserva.
❖ Proceso de selección en curso: nombres y etapas
Hasta el momento, 13 postulantes continúan en carrera tras superar las dos primeras etapas eliminatorias del concurso: prueba de conocimientos y evaluación curricular. Las etapas restantes —estudio de caso y entrevista personal— son consideradas como las más subjetivas, con potencial para modificar el cuadro de méritos.
Entre los candidatos más destacados figuran:
Hilda Piedras Rojas
María Sokolich Alva
Alcides Chinchay
Rosario López Wong
Pedro Cartolín Pastor
De acuerdo con las bases del concurso, si el candidato mejor posicionado no accede a una vacante, su nombre queda en reserva por 12 meses, habilitado para ser designado de forma directa si surge una vacante en ese plazo.
❖ Otros concursos en desarrollo y control institucional
Además del concurso para fiscal supremo, la JNJ impulsa procesos clave que podrían reconfigurar el aparato de justicia:
Convocatorias N.º 002 y 004-2025: para designar 22 jueces de la Corte Penal Nacional (incluye plazas para jueces superiores, de investigación preparatoria y de juicio oral).
Convocatoria N.º 008-2025: para nombrar 74 magistrados de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, ente encargado de fiscalizar el desempeño de jueces en todo el país.
La Corte Penal Nacional concentra los juicios más sensibles por corrupción, crimen organizado y lavado de activos, en los que están implicados líderes de partidos políticos con representación parlamentaria. De allí que el nombramiento de jueces titulares por parte de la JNJ —sin una base institucional clara— puede derivar en un reordenamiento estructural de la justicia penal.
❖ Una JNJ en el centro del debate institucional
Las decisiones recientes de la Junta Nacional de Justicia —tanto en el caso de Patricia Benavides como en la persistencia de concursos sin vacantes vigentes— han colocado al organismo en el centro de la controversia. Si bien su función constitucional es garantizar el fortalecimiento de la judicatura, la opacidad y falta de coherencia en algunos procesos alimentan dudas sobre su neutralidad e independencia.
En un contexto donde la separación de poderes y la institucionalidad democrática están bajo escrutinio, el accionar de la JNJ será determinante para el futuro del Ministerio Público y del Poder Judicial en el Perú. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto estricto a la legalidad serán fundamentales para preservar la legitimidad de las decisiones que adopte el órgano responsable de la carrera judicial en el país.