La denuncia fue presentada por el partido Voces del Pueblo, que acusa a la mandataria y a los 18 ministros de su gabinete por la aprobación del Decreto Supremo N.º 136-2025-EF. El documento alega presuntos delitos de negociación incompatible y abuso del poder normativo.
La presidenta Dina Boluarte y los 18 ministros del Consejo de Ministros enfrentan una denuncia penal formal interpuesta ante el Ministerio Público por el Comité Ejecutivo Nacional del partido político Voces del Pueblo. La acusación, ingresada el 5 de julio, sostiene que el reciente aumento del salario presidencial —elevado a S/35.568 mensuales— viola el límite legal establecido por la Ley N.º 28212, incurriendo presuntamente en delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, aprobado en sesión de Consejo de Ministros y refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Antecedentes normativos y marco legal del conflicto
La Ley N.º 28212, vigente desde 2004, establece que ningún funcionario público, incluyendo al presidente de la República, puede percibir una remuneración mayor a diez Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP),las cuales actualmente equivalen a S/2.600 por unidad. Esto fija un techo legal de S/26.000 mensuales. Sin embargo, el Ejecutivo aprobó en junio un aumento que ubica el sueldo presidencial en S/35.568, superando ese tope en más de S/9.500.
El decreto supremo fue emitido como parte de una “reestructuración de la escala remunerativa del Poder Ejecutivo”, según el Ministerio de Economía. Sin embargo, no se modificó formalmente la ley que fija el límite, lo que ha sido considerado por abogados constitucionalistas como una violación al principio de jerarquía normativa.
“Un decreto supremo no puede contradecir ni derogar tácitamente una ley vigente. Para modificar la Ley N.º 28212 es necesario un debate y aprobación legislativa”, explicó el constitucionalista Omar Cairo en declaraciones recientes a medios locales.
La denuncia penal y sus fundamentos jurídicos
El documento presentado por Ronald Atencio Sotomayor y Luis Trinidad Abarca, dirigentes del partido Voces del Pueblo, califica la aprobación del aumento como un acto deliberado de abuso normativo. La denuncia invoca los artículos del Código Penal referidos a negociación incompatible con la función pública (art. 399) y aprovechamiento indebido del cargo (art. 400), por considerar que se actuó con beneficio económico directo e intención de modificar disposiciones legales sin competencia legislativa.
“Al aprobarse una remuneración superior a dicho límite, el Decreto Supremo contraviene abiertamente esta disposición legal. Además, vulnera el principio de legalidad, equidad y austeridad en la administración pública”, se lee en el documento.
Los denunciantes acusan además al Ejecutivo de intentar encubrir una modificación de fondo en la escala remunerativa presidencial, bajo la forma de un decreto reglamentario. La denuncia añade que la presidenta habría actuado en interés propio, al ser directamente beneficiada por la norma, lo que configura un posible conflicto de intereses.
Responsabilidad solidaria: los ministros bajo la lupa
La denuncia no solo alcanza a Dina Boluarte, sino también a los 18 ministros que votaron a favor del Decreto Supremo en sesión de Consejo, señalando que actuaron como parte del “órgano decisor” que aprobó una medida inconstitucional. Entre los ministros mencionados están José Arista (Economía y Finanzas),quien refrendó el decreto, y Gustavo Adrianzén (Presidencia del Consejo de Ministros),encargado de coordinar la sesión del gabinete.
“Los mismos funcionarios que diseñaron, aprobaron y refrendaron el decreto, son quienes se interesaron en el resultado económico del mismo, beneficiando a una integrante del propio órgano decisor (la presidenta),y con plena consciencia de la ilegalidad que ello implicaba”, argumenta la denuncia.
Aunque aún no se ha iniciado una investigación formal por parte del Ministerio Público, de abrirse diligencias preliminares, todos los ministros podrían ser citados a declarar en calidad de denunciados.
Cifras oficiales y contraste con el discurso de austeridad
- Sueldo presidencial anterior (tope legal): S/26.000 mensuales
- Nuevo sueldo aprobado: S/35.568 mensuales
- Diferencia mensual: S/9.568 adicionales
- Incremento porcentual: 36.8% por encima del límite legal
Este aumento contrasta con el discurso oficial del Ejecutivo sobre “austeridad del gasto público”. En 2024, el propio Ministerio de Economía congeló aumentos salariales para miles de trabajadores administrativos del sector público bajo el argumento de restricciones presupuestarias. Además, el Gobierno viene solicitando facultades legislativas al Congreso para reordenar el gasto y mejorar la eficiencia fiscal.
Implicancias políticas y reacciones públicas
El aumento presidencial ha generado un intenso debate político. Diversas bancadas del Congreso, entre ellas Renovación Popular y Cambio Democrático, han solicitado que la Comisión de Fiscalización cite a los ministros de Economía y de Justicia para explicar el sustento legal del incremento. También se ha planteado una eventual interpelación al gabinete.
En paralelo, la ciudadanía ha reaccionado con indignación. En redes sociales, el hashtag #SueldoPresidencial ha sido tendencia durante tres días consecutivos. El caricaturista Heduardo ironizó la situación en su serie “Heduardicidio”, retratando a Boluarte como “La tía rica McPlata”.
“En un país con brechas sociales profundas y más del 20% de la población en pobreza monetaria, un aumento así es políticamente insostenible”, opinó el economista Jorge González Izquierdo.
Proyecciones legales y consecuencias posibles
La Fiscalía deberá analizar si la denuncia cumple con los requisitos para iniciar una investigación preliminar. De proceder, se podrían solicitar copias del acta del Consejo de Ministros, los informes jurídicos que sustentaron el decreto y convocar a los involucrados. En paralelo, el Tribunal Constitucional podría recibir una demanda de inconstitucionalidad si el Congreso o algún grupo ciudadano formaliza la impugnación del Decreto Supremo.
Además, si se acredita que la presidenta o los ministros incurrieron en responsabilidad penal, se abriría la posibilidad de iniciar una acusación constitucional, cuyo trámite corresponde al Congreso.
Cierre: entre la legalidad y la legitimidad del poder
La denuncia contra Dina Boluarte no solo cuestiona la validez jurídica de un decreto supremo, sino que reabre el debate sobre los límites éticos del ejercicio del poder en el Perú. La remuneración presidencial no es un tema menor en un país con alta desconfianza ciudadana hacia sus instituciones. Más allá del desenlace legal, el caso obliga a revisar con rigor la coherencia entre el discurso político y las decisiones administrativas, en momentos en que la legitimidad del Ejecutivo sigue siendo objeto de constante escrutinio.