La Junta Nacional de Justicia aprobó el uso de recursos públicos para costear la defensa legal de Jaime de la Puente Parodi y Víctor Chanduví, investigados por su presunto rol en la reposición de la exfiscal Patricia Benavides.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) autorizó que el Estado asuma los gastos legales de los consejeros Jaime de la Puente Parodi y Víctor Chanduví, investigados por el presunto delito de avocamiento ilegal y omisión de funciones, al declarar la nulidad de la destitución de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, decisión que fue tomada pese a que el caso aún estaba en trámite judicial. Las resoluciones N.º 070-2025-DG-JNJ y N.º 073-2025-DG-JNJ formalizan el otorgamiento del beneficio de defensa legal, a solicitud de los propios consejeros.
Contexto del caso: la polémica resolución sobre Benavides
En mayo de 2025, el pleno de la JNJ resolvió, de forma sorpresiva y dividida, dejar sin efecto la destitución de Patricia Benavides, quien había sido removida en diciembre del año anterior por su presunta vinculación con una organización criminal en el Ministerio Público. La medida generó un inmediato rechazo por parte de organizaciones civiles, actores políticos y constitucionalistas, que consideraron que la decisión vulneraba el principio de separación de poderes, al interferir en un proceso aún judicializado.
Días después, el Ministerio Público, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, abrió una carpeta fiscal (N.º 200-2025) contra los siete miembros del pleno de la JNJ, acusándolos preliminarmente de avocarse a un proceso judicial en trámite —una figura legalmente prohibida— y de omitir sus funciones al no esperar el pronunciamiento judicial correspondiente.
Aprobación del financiamiento legal y alcance del beneficio
Las resoluciones firmadas por la Dirección General de la JNJ disponen que la Oficina de Administración y Finanzas, junto con la Oficina de Presupuesto, adopten las acciones necesarias para contratar y ejecutar los gastos respectivos bajo el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas. Esta decisión, sin embargo, no se aplica de forma automática: cada consejero debe solicitar individualmente el beneficio y decidir cuándo acceder a él.
Según ambos documentos, la Oficina de Asesoría Jurídica de la JNJ concluyó que las solicitudes “cumplen los requisitos de admisibilidad y procedencia”, validando así que los consejeros puedan acceder a defensa legal financiada con fondos públicos.
Hasta el momento, solo Jaime de la Puente y Víctor Chanduví han presentado solicitudes formales. No se ha confirmado si los demás consejeros implicados —Gino Ríos, María Teresa Cabrera, Germán Serkovic y Cayo César Galindo— tomarán el mismo camino.
Acusaciones adicionales y presiones internas
Jaime de la Puente Parodi enfrenta una segunda investigación, esta vez por presunto cobro irregular de doble remuneración durante el 2022. Durante ese año, habría percibido simultáneamente un salario como presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República y dietas como vocal del Tribunal Administrativo Previsional de la ONP.
Según fuentes citadas por La República, De la Puente habría sido presionado internamente para votar a favor de la reposición de Benavides, con la expectativa de que, si la exfiscal regresaba a su cargo, la investigación en su contra quedara archivada. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente, pero revela las tensiones y presuntos conflictos de interés dentro de la institución.
Implicancias políticas e institucionales
La decisión de financiar la defensa de altos funcionarios investigados por presuntos actos contrarios al orden legal plantea una serie de cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado y la autonomía de los órganos de justicia. Para diversos sectores, el uso del erario público para costear defensa en un caso donde se presume una interferencia indebida en un proceso judicial representa una contradicción institucional grave.
Por su parte, voceros del Ejecutivo han evitado pronunciarse directamente sobre el tema, argumentando que se trata de un asunto autónomo de la JNJ. Sin embargo, en el Congreso ya se han planteado mociones para interpelar al presidente de dicha entidad, Gino Ríos, por su eventual responsabilidad política en este y otros hechos.
Próximos pasos en el proceso judicial
La investigación fiscal continúa en fase preliminar, etapa en la que se reunirán elementos de convicción para determinar si se formaliza una denuncia penal contra los implicados. De avanzar, podría abrirse un juicio que eventualmente derive en la suspensión o destitución de algunos miembros del pleno de la JNJ.
En paralelo, organizaciones como Proética y el Instituto de Defensa Legal (IDL) han solicitado al Congreso que impulse una reforma del proceso de nombramiento y remoción de integrantes de la JNJ, advirtiendo sobre riesgos de captura institucional.
Reflexión final
El caso pone en tela de juicio no solo la legalidad de una decisión controversial que favoreció a una figura investigada como Patricia Benavides, sino también la capacidad del sistema judicial para responder con independencia y transparencia ante posibles abusos de poder dentro de sus propias filas. Mientras las investigaciones avanzan, el equilibrio entre la presunción de inocencia y la defensa del interés público se convierte en el verdadero eje del debate.