El presidente Gustavo Petro denuncia desesperación en los rebeldes del EMC, que usan a la población civil como escudo.
En Colombia, la violencia no da tregua. Disidentes de las FARC secuestraron a 29 militares y policías en el suroeste del país, en una zona bajo dominio del Estado Mayor Central (EMC).
El Ministerio de Defensa confirmó este viernes que los hechos ocurrieron en las montañas del Cauca, región donde el gobierno lanzó una ofensiva contra el narcotráfico denominada “Perseo” en octubre de 2024.
El secuestro fue denunciado por la cartera de Defensa como un acto de desesperación de los guerrilleros del EMC, quienes nunca aceptaron el acuerdo de paz firmado en 2016.
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Según el comunicado, los rebeldes utilizaron a la población civil como escudo para evitar la captura, movilizando a los habitantes bajo coacción y sembrando zozobra en la comunidad.
Imágenes difundidas por las autoridades muestran una tanqueta envuelta en llamas mientras es atacada con piedras por civiles, aparentemente instrumentalizados por los guerrilleros.
En otros videos, se observa a policías antidisturbios avanzando entre disparos y lanzando granadas de humo en medio de la tensión.
El presidente Gustavo Petro, en un mensaje publicado en X, calificó las acciones del EMC como actos de desesperación y denunció el uso de la población civil para sus propósitos violentos.
Además, aseguró que la debilidad militar de la facción disidente les impide enfrentarse directamente con el Ejército.
La ofensiva militar “Perseo” busca recuperar el control en una de las mayores zonas cocaleras del país, donde operan los grupos rebeldes.
El Ministerio de Defensa denunció que el EMC intenta frenar la llegada de proyectos sociales mediante actos violentos y amenazas constantes a la Fuerza Pública.
El conflicto interno se agravó en 2024 cuando el EMC se dividió en dos facciones: una liderada por alias Iván Mordisco, que aumentó la presión violenta, y otra encabezada por alias Calarcá, que continúa en diálogos de paz.
El Ministerio aseguró que estos actos constituyen crímenes de guerra y violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.
Por su parte, la Fiscalía investiga los hechos para identificar a los responsables y establecer condenas que podrían alcanzar los 20 años de prisión.
Las autoridades preparan una reunión en Popayán, capital del Cauca, donde se evaluará la situación con representantes del gobierno y la comunidad afectada.
Colombia enfrenta una ola de violencia sin precedentes en la última década, especialmente en el noreste y suroeste del país.
El gobierno lucha por lograr el desarme total de los grupos armados, en un esfuerzo por poner fin a un conflicto de más de 60 años.