El juzgado de investigación Preparatoria de Melgar en Puno dictó nueve meses de prisión preventiva contra Dino Álvarez Limahuay (30) y Renato Francisco Quispe Ramos (26) por los delitos de violación sexual y lesiones graves en agravio de la enfermera de 32 años, registrados el pasado 30 de marzo la provincia de Ayaviri en la región Puno.
Violadores serían internados en el penal de Juliaca, conocido como La Capilla
La magistrada Yovana Carlos Villán, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ayaviri, luego de escuchar los argumentos del representante del Ministerio Público y de los abogados, consideró que existen fundados elementos de convicción para que los imputados sean investigados privados de su libertad.
Asimismo, la jueza dispuso que ambos acusados sean internados de inmediato en el penal de Juliaca, conocido como La Capilla, o donde determinen las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Puno. Cabe resaltar que la enfermera es madre de tres niños de 6 y 4 años y de un bebé de 8 meses.
Víctima será tratada en el Hospital Rebagliati
El jefe de EsSalud, Arturo Orellana, se pronunció respecto al estado de la enfermera y dio detalles sobre su traslado desde el hospital de Juliaca, hacia el hospital Rebagliati en Lima.
El funcionario dijo que la enfermera estuvo en cuidados intensivos post shock hipovolémico, y con el apoyo de medicamentos preservaba la vida, el domingo empezaron a retirarle los medicamentos y así quedar en condiciones de ser trasladada a Lima.
“Gracias al apoyo del gobierno, estamos priorizando la apertura del aeropuerto de Juliaca para hacer el traslado de ella hacia la capital”, dijo el doctor Orellana.
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Violadores no tenían contrato
Por otro lado, el funcionario señaló que los sujetos que violentaron a la enfermera eran un vigilante que pertenecía a una empresa tercerizada, y que el otro, que era un digitador, había culminado su contrato precisamente el mes pasado, por lo que actualmente ninguno de ellos tiene un vínculo laboral con EsSalud.
“Es un acto que desde EsSalud condenamos y repudiamos. Los autores, tanto el vigilante como el digitador ya están en prisión a cargo de la fiscalía y definitivamente, solicitamos que les caiga todo el peso de la ley, porque es algo que no podemos tolerar como población”, dijo el jefe de EsSalud.
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