Abogado y expresidente del Parlamento analizó situación legal del exmandatario
Luego de que, el último viernes, el juez Víctor Alcocer, de la Corte Superior Nacional (CSN), decidiera imponer libertad con restricciones al expresidente Martín Vizcarra, el abogado y expresidente del Parlamento, Guillermo Aliaga, sostuvo que el Ministerio Público volverá insistir en su requerimiento de prisión preventiva, por seis meses, que será analizado en una segunda instancia con un magistrado diferente.
Cabe destacar que la solicitud de prisión contra el exmandatario, del fiscal Germán Juárez, buscaba que se haga efectivo hasta que concluya el juicio que inicio en octubre pasado, por presuntamente haber recibido sobornos de constructoras cuando era gobernador de Moquegua.
“La apelación que presentará la Fiscalía debe ser evaluada por la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional en una segunda instancia. Esa apelación ya fue anunciada por el fiscal Juárez Atoche; por ello, este nuevo juez debe ratificar la decisión de la primera instancia o revocar, anular o variar la situación del expresidente”, explicó Guillermo Aliaga.
Para el abogado, la reprogramación de la audiencia se dará en unas tres o cuatro semanas aproximadamente y su decisión, que siempre suele dar así, se conocerá posteriormente por escrito.
“Sin embargo, previamente, el propio juez Alcocer será quien revise los documentos de apelación, pues tiene que analizar si cumplen con los requisitos formarles para poder concederles el recurso, a fin de elevar el caso. De ser así, en la nueva audiencia, en representación del Ministerio Público estará Rafael Vela, jefe del Equipo Especial Lava Jato y fiscal superior”, resaltó Aliaga.
No obstante, el abogado precisó que la defensa del expresidente Vizcarra también podrá apelar la decisión que le ha impuesto el Poder Judicial, que se trata de reglas de conducta, como la de reportar cada mes sobre sus actividades mientras dura su juicio y pasar un control biométrico.
“Las medidas contra Vizcarra son por seis meses, que también incluye el impedimento de salida del país, así como no poder acudir a embajadas ni comunicarse con personal diplomático”, destacó Aliaga.