De acuerdo al Ministerio Público, la compra de estas butacas, que nunca se usaron, generó un perjuicio al Estado de S/ 21 460.00. Elmer Cáceres Llica, es señalado como autor del delito contra la administración pública y colusión agravada.
Así, a través del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, se solicitó nueve años de cárcel para el entonces alcalde provincial de Caylloma.
También se solicita condenas para los ex funcionarios Fabiano Rene Almanza Almanza, José Salomón Figueroa Huanqui, Guillermo Hans Valcárcel; y la proveedora Antonia Magaly Lara Ibana, por el delito de colusión agravada; mientras que para Miguel Velázquez Condori, acusado del delito de falsedad ideológica, solicitó cuatro años de pena privativa de la libertad.
La fiscal Roxana Marlen Leiva Gómez, a cargo del caso, concluyó la investigación preparatoria y sustentó la acusación en audiencia ante el Juez de Investigación Preparatoria. Los principales involucrados son Elmer Cáceres Llica, exfuncionarios de la municipalidad provincial de Caylloma y una proveedora.
Detalles del caso que involucra a Elmer Cáceres Llica
Según la investigación, en 2011, cuando era alcalde Elmer Cáceres Llica, la municipalidad provincial de Caylloma convocó a una adjudicación de menor cuantía. Tenía por objeto comprar 116 butacas para la obra: “Creación del coliseo de La Montera”, en un proceso que se realizó con varias irregularidades.
La Fiscalía sostiene que los acusados inobservaron su deber de resguardar los intereses del Estado, concertaron con Antonia Magaly Lara Ibana para favorecerla con el otorgamiento de la buena pro y emplearon documentación falsa.
En el caso de Elmer Cáceres Llica, arquitecto de profesión, aprobó el expediente técnico de la obra y el expediente de contrataciones. Firmó el acta de suscripción del contrato adelantando los plazos alegando falsamente la urgente necesidad del bien. Por si fuera poco, el contrato contiene la rúbrica falsa de la proveedora.
Conforme a las pericias realizadas, todos los documentos de la oferta técnica y económica, el contrato e incluso el acta de suscripción, se realizaron con la firma falsa de la ganadora del proceso, Antonia Magaly Lara Ibana, quien no se apersonó a la entidad, pero sí cobró por la entrega de las butacas.
Conforme a la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, se generó un perjuicio económico de 21 mil 460 soles a la entidad, resultado de una contratación innecesaria. Actualmente las butacas se encuentran almacenadas en el coliseo La Montera. Nunca pudieron instalarse porque debido a sus características impedirían el tránsito de las personas.
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