Las Bambas: el conflicto que se inició el día 1 de las operaciones mineras en Apurímac

De acuerdo a la descripción de la minera MMG Las Bambas, este yacimiento minero, ubicado entre las provincias de Cotabambas y Grau en la Región Apurímac, está a más de 4.000 metros de altura. El 1° de julio de 2016 inició su etapa de operación comercial, cuando alcanzó su capacidad plena al procesar 140 mil toneladas de cobre por día.

Se considera como “una de las operaciones mineras más importantes del Perú”. Y espera ser uno de los activos más importantes a nivel mundial, en términos de producción. Es propiedad de un consorcio conformado por MMG Limited, Guoxin International Investment Co. Ltd. y CITIC Metal Co. Ltd. desde 2014.

Su operador, MMG de capitales chinos, es una empresa global de recursos naturales que explora, desarrolla y explota yacimientos de metales base a nivel global. Y según su propia descripción, “su fin es hacer minería para el progreso, generar riqueza y desarrollo para nuestros grupos de interés. Fomentar el progreso de las comunidades donde operamos, respetar el medio ambiente, y contribuir a la economía local y nacional”.

Bloqueo y estado de emergencia

Sin embargo, este viernes se cumplieron 52 días desde que la mina de cobre suspendió sus operaciones en Apurímac. Esto, porque las comunidades campesinas aledañas se encuentran apostadas alrededor de sus instalaciones e impiden el paso de los camiones que transportan el mineral. Incluso, llegaron a bloquear el paso y suministro de agua para los trabajadores que tuvieron que ser evacuados. Ahora los mineros marchan por las calles de algunas ciudades del país, exigiendo su derecho a trabajar.

Este viernes 3 de junio, los presidentes de las comunidades de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Huancuire, Pumamarca y Chuicuni aceptaron una nueva mesa de diálogo con el Ejecutivo y la empresa –la sexta en estos dos meses de conflictos- y así tratar de llegar a una solución en torno al proyecto minero Las Bambas.

Mientras los comuneros le exigen nuevamente al premier Aníbal Torres se derogue el Estado de emergencia en los distritos de Coyllurqui y Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas; el gobierno lo prorrogó por 60 días más. Más aún, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, advirtió que su sector tiene planificada una operación en caso sea necesaria su intervención en Apurímac.

El gran reto es identificar las demandas legítimas de las comunidades

Para el economista y especialista en temas mineros, José De Echave, en conversación con la Red de Medios Regionales del Perú, el problema en Las Bambas se inició desde que la empresa y las comunidades realizaron convenios bilaterales, sin supervisión, sin intervención del Estado como garante. “Debería ser una lección aprendida porque estos convenios no van a ser muy sólidos y rápidamente una comunidad va a comenzar a cuestionarlos”, dijo.

Sin embargo, hay que partir del hecho de que, a diferencia de otras colectividades que no aceptan la minería, estas comunidades de Apurímac sí. Pese a que siguen siendo rurales y comunales, aceptaron convivir con la minería y lo hicieron para un plazo de 30 a 40 años. Pero desde que empezó a operar en el año 2016 y comenzaron a pasar los 350 camiones con mineral, empezaron los problemas por el impacto ambiental que esto supone, opinó De Echave.

El gran reto es entonces encontrar las agendas legítimas de las comunidades y separarlas de las que pudieran estar creando asesores buscando solo una compensación económica. Porque sigue siendo una relación de convivencia entre la empresa minera y las comunidades vecinas que debe fortalecerse. Y la otra relación -a recomponer- es la del Estado con las poblaciones. Hay que separar también lo que es el enfoque del Estado, del manejo de las autoridades, del desempeño de los gobernantes. Se tiene una oportunidad con una comunidad que no niega la minería, sostiene el especialista.

Se debe tener en cuenta que, a estos compatriotas el Estado sin consulta previa, ni justiprecio, les quitó sus tierras para construir una carretera que empezó como carrozable y ahora es “nacional”, lo que no podría ocurrir jamás en una ciudad, por el Estado de derecho. Lo que es una constatación de que en el Perú hay ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera categoría. Hemos hecho las cosas mal sí. El Estado y la empresa, sí también y, quizás en general todos, por no poner en mayor evidencia estos hechos.

Especialista José De Echave

¿Qué significa económicamente la paralización de la mina Las Bambas?

De acuerdo a la información oficial, nueve mil trabajadores de la minera Las Bambas están siendo afectados por la paralización de operaciones en la mina. En tanto, el Perú ha dejado de recibir S/260 millones.

Asimismo, se afectan los ingresos al país, dado que Las Bambas representa el 1 % del PBI nacional y el 72 % del de Apurímac, con 1.400 pequeños y medianos empresarios perjudicados.

Claudio Cáceres, gerente de asuntos legales de MMG Las Bambas, lamentó que las últimas mesas de trabajo entre el gobierno, las comunidades y la empresa no hayan llegado a acuerdos.

De su lado, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Raúl Jacob, dijo que es muy preocupante lo que ocurre en Apurímac, pues ya son cuatro los campamentos mineros que han sido incendiados desde que se instaló el actual gobierno. Y que éste tiene que intervenir de acuerdo al Estado de derecho, “sobre todo cuando no se llega a una solución debido a la intransigencia de un sector de las comunidades”, señaló.

¿Por qué persiste el conflicto en Las Bambas?

Para entender lo que sucede en el complejo minero, es necesario saber que existen seis frentes sociales en la comunidad de Fuerabamba la que fue “trasladada” para que existiera el proyecto. Han presentado demandas, a lo largo de los años, para que la minera cumpla los compromisos que asumió para ese reasentamiento, así como temas laborales y de contratación de bienes y servicios. Son demandas dirigidas a la empresa.

Otro frente se creó cuando se modificó el Estudio de Impacto Ambiental inicial de Las Bambas y quedaron solo 17 comunidades en la zona de influencia directa que piden constantemente se contrate mano de obra y bienes y servicios de la comunidad, además de una mayor inversión social.

Además está el frente de las comunidades que excluyeron y perdieron los “beneficios” de la zona de influencia. Pese a que la empresa les creó una zona de tratamiento especial, dicen que no satisface sus demandas. Unas piden volver a la zona de influencia directa de la mina y otras, renegociación de terrenos.

Luego hay como 20 comunidades agrupadas en la Federación de Comunidades Campesinas del distrito de Chalhuahuacho. Son las que, en los últimos años, convocan a paros, movilizaciones y bloqueos porque quieren ser zonas de influencia directa y así tener empleo e inversión social de la empresa.

Otro frente se creó porque a algunas comunidades, como la de Fuerabamba, pero también Chila, Choaquere, Huanquire o Pumamarca, la empresa les compró sus tierras para desarrollar más el proyecto. Y ahora, algunas demandan a la minera, renegociar los montos por haber sido muy bajos, y algunos han iniciado procesos judiciales.

Y por último está también el frente social de los dueños de hoteles, restaurantes, lavanderías, transporte de personal, que se generaron con la inversión inicial del proyecto. Pero hoy, han visto disminuidos los pedidos o contratos por las paralizaciones y la demora del segundo tajo. Todos estos frentes de comunidades, se ven unos afectados por los otros, haciendo de este conflicto uno muy complejo. Continuará.

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