Durante dos a tres meses hemos observado el mismo patrón de uso excesivo de fuerza letal, así como uso de fuerza letal. Así lo refirió la secretaria de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, al presentar este jueves el informe final sobre las muertes en las protestas.

Hemos documentado la muerte de 20 personas. Estas fueron deliberadas e intencionales. En otras palabras, estas personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Estaban desarmados, sin defensa y estaban a cientos de metros de las manifestaciones. Con las latas de gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros contraviniendo las normas internacionales sobre su uso. Este fue el primer hallazgo para AI, dijo.

“Las autoridades del país no hicieron nada para impedirlo incluso cuando se perdieron decenas de vidas. Durante dos a tres meses hemos observado el mismo patrón de uso excesivo de fuerza letal, así como uso de fuerza letal. Incluyendo las fuerzas menos letales como gas lacrimógeno o armas no permitidas como los perdigones de metal. Están prohibidos en base a los estándares internacionales”, explicó Callamard.

Oficiales al mando estuvieron involucrados ya sea al dar la orden de disparar o al no evitar estos disparos

Enfatizó que muchas de las víctimas eran jóvenes, hombres jóvenes con sueños y con familias que tenían que cuidar. “Su muerte no solo ha causado una desesperanza y un daño emocional sino también impacto a largo plazo para el bienestar financiero de las familias”.

El segundo hallazgo es que, “lejos de tratarse de incidentes aislados protagonizados por agentes rebeldes, el uso ilegítimo de la fuerza letal por la Policía y Ejército peruanos apunta a una respuesta estatal deliberada, organizada y coordinada”.

Debido a la naturaleza sostenida del uso ilegal de la fuerza en múltiples partes del país, consideramos que esto constituyó ataques generalizados contra una parte de la población como parte de una política. En otras palabras, los comandantes de la Policía y de las fuerzas militares junto con sus superiores ya sean autoridades civiles o militares, tienen la responsabilidad. Ya sea de manera deliberada o a través de negligencia constante, sostuvo.

“En otras palabras, es que los oficiales al mando estuvieron involucrados ya sea al dar la orden de disparar o al no evitar estos disparos. En ambos escenarios, la responsabilidad de las autoridades militares, de las fuerzas del orden y civiles está ahí. Ellos son responsables”.

“Creemos que la represión y los asesinatos son parte de un racismo sistémico”

El tercer hallazgo es que el personal de seguridad peruano solo utilizó la fuerza letal, fuera de Lima. En zonas donde la población es mayoritariamente indígena, campesina y pobre. A pesar de que las protestas allí, no fueron ni más frecuentes ni más violentas que en la capital o en otras regiones. Por esto hemos titulado el informe como “Racismo Letal”.

“Creemos que la represión y los asesinatos son parte de un racismo sistémico en contra de los campesinos y de los pueblos indígenas peruanos. Es lo más superior de la violencia que se basa en un sesgo racial”, puntualizó.  

Y en cuarto lugar, el Poder Ejecutivo peruano, incluida la presidente junto con el presidente del Consejo de Ministros estigmatizó a los manifestantes como radicales violentos y nunca exigió públicamente asignación de responsabilidades ante la Policía ni el Ejército.

A pesar que la mayoría de las protestas fueron pacíficas, la presidenta difundió deliberadamente información errónea sin pruebas y en lugar de condenar los actos ilegítimos de las fuerzas del orden, alabó a las fuerzas de seguridad calificándolas de “impecables”.

La búsqueda de justicia ha sido impedida e interrumpida por el fallo de las autoridades

Las autoridades también tildaron de terroristas a los manifestantes causando un gran sufrimiento a las víctimas y a sus familiares. Y es lo que sucede en Perú y en otras partes del mundo para poder crear condiciones donde los ataques y las muertes se legitiman bajo la visión de toda la sociedad.

En quinto lugar, la búsqueda de justicia ha sido impedida e interrumpida por el fallo de las autoridades de realizar investigaciones con prontitud, exhaustividad e imparcialidad. Algunos de mis colegas han visitado los lugares de las protestas y aún podían encontrar evidencias esparcidas por el suelo, incluso días o semanas después de la ocurrencia de los hechos.

La creación de la unidad especial por parte de la fiscal general (de la Nación) ha originado mucho miedo y preocupación dentro de las víctimas y por parte de sus abogados también. Y las preguntas sobre el proceso de administración de justicia y la búsqueda de justicia en este momento está dentro de la preocupación de Amnistía Internacional y delas víctimas y sus familiares.  

AI pide a Congreso derogar ley que derogó la proporcionalidad en el uso de la fuerza

Amnistía Internacional pidió al Congreso a “derogar la Ley de Protección policial, que aprobó por insistencia el Congreso de la República en marzo del 2020, pese a las observaciones que realizó el expresidente Martín Vizcarra, cuando aún era el jefe de Estado. La promulgó Manuel Merino de Lama, quien en ese entonces fungía como presidente de la Mesa Directiva del Parlamento.

Esta ley duramente criticada y observada porque derogó un literal del Decreto Legislativo 1186, en el que se apuntaba el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y asegurar que la legislación vigente se encuentre en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.

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