El catedrático también nos cuenta que las autoridades aprueban estudios de impacto ambiental, el cual contiene el Plan de Participación Ciudadana antes del inicio de actividades, con esto los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta libre antes que el estado autorice el comienzo de operaciones.
Los tribunales ya incorporaron el deber de debida diligencia en la resolución de casos de concesiones mineras u petroleras aprobadas antes de la vigencia de la Ley de Consulta, “la existencia de un estándar internacional de consulta a pueblos indígenas genera en las empresas un deber de diligencia razonable”. Pero las críticas no se quedan atrás, y es que la debilidad o implementación fallidas de estos estándares pueden ocasionar conflictos sociales como los casos de los proyectos mineros Conga y Tía María.
El caso de “Las Bambas” no tiene un conflicto fuera de lo común, una mina de cobre y molibdeno ubicado en las provincias de Cotabambas y Grau, departamento de Apurímac. La empresa Suiza Xstrata compró los derechos de exploración y en los años siguientes enfrentó con éxito los conflictos laborales con pobladores locales.
El profesor Roger Merino menciona: “La conflictividad social que se vive hoy en día en la zona se acentuó con el tema de transporte de minerales. Los distritos directamente afectados por la operación incluyen a 17 comunidades campesinas, 6 ubicadas dentro del complejo minero, sin contar que a través de la vía de transporte de minerales hay 72 comunidades, muchas afectadas por el polvo generado por la constante circulación de camiones”.
“Es así como empezaron las protestas en el 2015 y continuaron hasta el 2016, resultando la muerte de al menos 4 campesinos por armas de fuego de policías. De hecho, desde el 2015 tanto el gobierno como la empresa han incriminado a líderes campesinos por ejercer su derecho a la protesta, solicitando hasta 17 años de prisión a 19 campesinos. También se han expedido continuamente decretos que declaran el estado de emergencia en el área”, agregó Merino.
Por último, habló sobre el mayor conflicto actual: “Hoy en día el mayor conflicto involucra a las comunidades de la provincia de Chumbivilcas en Cusco, desde el ángulo ambiental se reclama el polvo generado por el transporte de minerales, esta modificación debió ser objeto de participación ciudadana. Desde el ángulo económico, las comunidades demandan ser proveedoras de transporte y así ser parte de la cadena de suministro y obtener beneficios permanentes de las actividades mineras. Aunque en octubre del 2021 se alcanzó un acuerdo, surgieron desavenencias sobre cuándo las comunidades comenzarían operaciones y el monto de la retribución económica».
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