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La Procuraduría General del Estado (PGE) logró que un fiscal de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia de Estados Unidos obligue a una empresa local a pagar una multa o “pago de restitución” de 200,000 dólares a favor del Estado peruano por no haber actuado con el cuidado debido en la comercialización de madera que salió de manera irregular del país.