La visa T es un beneficio que permite a víctimas de trata humana permanecer en Estados Unidos durante un máximo de 4 años, solo si han ayudado a las agencias del orden público en una investigación o procesamiento de actos de trata de personas.
En ese sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una regla final para fortalecer y asegurar que las víctimas puedan tener acceso a protecciones y beneficios estabilizadores de manera oportuna.
“Me complace que el programa de visas T ahora tenga un marco regulatorio firme para respaldarlo. En última instancia, esto hace que nuestro enfoque esté más centrado en la víctima y fortalece la integridad del proceso de solicitud de visa T para que el programa proteja mejor a las víctimas como era la intención del Congreso”, afirmó la directora de Uscis, Ur M. Jaddou.
Hoy, anunciamos una regla final que modifica las regulaciones sobre los requisitos y procedimientos para las víctimas de la trata de personas que desean obtener el estatus T de no inmigrante. Información adicional: https://t.co/DqEcfZiFpp
— USCIS Español (@USCIS_es) April 29, 2024
Regla final para la visa T
La regla final aclara la elegibilidad al estatus de No inmigrante T y los requisitos para solicitarlo, e incluye disposiciones para reducir las posibles barreras a las víctimas, permitiendo a los oficiales de Uscis adjudicar las solicitudes de las víctimas de manera más eficiente.
Asimismo, mejora la integridad del programa al aclarar los requisitos de denuncia y evidencia para las víctimas de la trata, punto que ayudará mejor a las fuerzas del orden público a actuar sobre las denuncias de trata.
Los elementos clave de la regla final incluyen:
- Actualizar y aclarar las definiciones para garantizar la coherencia y estándares, según se describe en la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2000.
- Mejorar la eficiencia del programa aclarando los requisitos de presentación de informes y pruebas desde el principio para disminuir las solicitudes de pruebas adicionales.
- Centralizar la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para actuar en relación con las denuncias de trata requiriendo a las víctimas que denuncien los casos de trata a la jurisdicción policial correcta.
- Simplificar el proceso de determinación y adjudicación de buena fe, sin dejar de mantener las medidas de prevención del fraude.
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