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Alberto Fujimori se ha dirigido al Congreso para solicitar que se le pague la pensión que le corresponde por haber sido presidente de la República. La solicitud incluye también la exigencia de vales para acceder gratuitamente a la gasolina, así como personal de seguridad pagado por todos los peruanos.
Poco después de conocida esa solicitud, la Procuradoría General del Estado recordó que Fujimori adeuda al Estado más de cincuenta millones de soles a título de la reparación civil que la Justicia le impuso, al mismo tiempo que lo condenó por violaciones graves a derechos humanos. Se le condenó también por casos de corrupción ante los que Fujimori se allanó.
El Procurador General Javier Pacheco recordó también una ley expedida en tiempos del propio Fujimori, en 1995, la ley 26519, cuyo artículo 2 dice que la pensión equivalente al sueldo de un congresista “queda en suspenso para el caso de los expresidentes respecto de los cuales el Congreso haya formulado una acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes”. Fujimori ha sido indultado pero no declarado inocente.
Conocedores de la producción legislativa en tiempos de Alberto Fujimori afirman que la ley 26519 se aprobó en julio de 1995 con el objetivo de privar de pensión al expresidente Alan García, quien después del golpe de Estado perpetrado por Fujimori en 1992 se asiló en Colombia.
El indulto humanitario que el expresidente Kuczynski concedió a Fujimori el 2017 se hizo con el argumento de una grave afectación a la salud de un hombre que se acercaba a los ochenta años y que aspiraba a terminar sus días en libertad. Siete años después el Tribunal Constitucional restableció el indulto y permitió por segunda vez la liberación del expresidente condenado. Desde entonces, por una u otra razón, Alberto Fujimori sigue jugando un papel en la vida pública y contribuyendo a la polarización de la sociedad.
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