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El abogado César Nakazaki, defensor legal de los investigados Bruno Pacheco y Karelim López, cuestionó la decisión de el juez Justiniano Romero que rechazó el requerimiento de Fiscalía para incautar las grabaciones de las cámaras de seguridad en la residencia presidencial y Palacio de Gobierno para los días 8, 9 y 10 de agosto por el caso que involucra a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.

"Es extraño (…) El juez, con el rechazo de un auto de detención preliminar (en primera instancia) y ahora con este auto de rechazo de incautación de documentación o los equipos de la residencia del presidente, no hace otra cosa que seguir rompiendo 20 años de jurisprudencia (…) Me llama muchísimo porque no es el patrón de los jueces de la Corte Superior de Justicia", indicó.

En entrevista con Panorama, el abogado también lamentó que la actuación del presidente Pedro Castillodurante una reciente diligencia en Palacio de Gobierno haya retrasado el ingreso de la Policía y los fiscales a este lugar con la finalidad de ubicar y detener a su cuñada, Yenifer Paredes, quien finalmente se entregó a las autoridades un día después, como parte de una investigación.

"Lamentablemente, siempre en este tipo de casos el Ejecutivo se inmiscuye con la justicia, pero siempre se inmiscuía para lograr condenas. Ahora es la misma fórmula, pero con distinta finalidad: el Ejecutivo interviene no para lograr la condena, sino para lograr impunidad", indicó.

"La defensa extralegal es absolutamente inconstitucional porque lo que pretende el presidente es utilizar la casa de gobierno, su cargo de presidente y actuación de ministros para tratar de truncar investigaciones que lleva a cabo el Equipo Especial con las detenciones preliminares", agregó.

Nakazaki consideró que la justificación del presidente Pedro Castillo sobre una supuesta falta de pruebas "se cae" y "se contrasta con la realidad" debido a que -recordó- el decreto de urgencia para Anguía "no es inventado", al igual que el crecimiento del presupuesto y otros detalles que se repiten en este y otras investigaciones que tiene abiertas el jefe de Estado.

"Salvo que pudiera demostrar que, como parte de una política, ha dado varios decretos de urgencia, cómo un distrito va a tener más presupuesto que regiones, salvo que Anguía resulte una mina de oro. No hay justificación. Prueba indiciaria tranquilamente hay (elementos) para que existan procesos y, de acuerdo con la conducta procesal, medidas cautelares fuertes", apuntó.

Juez rechazó pedido para incautar cámaras

El domingo se conoció que el juez Justiniano Romero rechazó el requerimiento de Fiscalía para incautar las grabaciones de las cámaras de seguridad en la residencia presidencial y Palacio de Gobierno para los días 8, 9 y 10 de agosto, por el caso que involucra a Yenifer Paredes.

El magistrado declaró improcedente el requerimiento presentado por el fiscal Hans Aguirre, a fin de determinar si la investigada Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, estuvo en la sede del Ejecutivo cuando la Policía y Fiscalía acudieron para detenerla preliminarmente.

"Declarar improcedente el ‘Requerimiento allanamiento con fines de registro e incautación de las filmaciones, videos y grabaciones de las cámaras de seguridad a los accesos a la residencia presidencial y Palacio de Gobierno", resolvió el magistrado.

Romero fue el juez que emitió la orden de detención preliminar para Yenifer Paredes como parte de la investigación que se le sigue en Fiscalía por los presuntos delitos de organizaciòn criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Este pedido fiscal se da luego de que en la diligencia para detener a la investigada hubiera una demora de casi una hora para el ingreso de la Policía a la sede del Ejecutivo, cuando lograron entrar, la investigada ya no se encontraba en ese lugar.

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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.