Judiciales
"Respecto a la ley de protección policial, esta existe desde el 2020", dijo Allison
El alcalde de distrito de Magdalena del Mar, Francis Allison, presentó un proyecto de ley de protección policial que pretende criminalizar el accionar del fiscal que pide una prisión preventiva y el juez que la concede cuando el procesado es un policía que ha sido denunciado en ejercicio de sus funciones.
"Respecto a la ley de protección policial, esta existe desde el 2020 y dice expresamente que el policía que dispara, causando lesiones o muertes en una persona -entiéndase un maleante- no puede ser sujeto a prisiones preventiva o preliminares. Tiene que estar libre mientras dure su juicio", dijo en Ampliación de Noticias.
"Esta ley se hizo de manera cuidadosa y se puso un artículo que dice que no se aplica la ley de protección policial si el policía viola derechos humanos en su intervención. Hace unos meses vimos a un policía que mata en el piso a un maleante. A él no se le aplica esta ley y, a mi entender, está bien apresado durante el proceso", mencionó.
"Lo que esta ley modifica expresamente es que el fiscal que pide requerimiento (de prisión preventiva) y el juez que la concede comete el delito de prevaricato, que es dictar resolución contra mandato expreso de la ley", agregó.
Terrorismo urbano
En otro momento, el congresista de Podemos Perú, Juan Burgos, se refirió a su proyecto de ley sobre terrorismo urbano y pidió a la Comisión de Justicia que priorice ese punto en la agenda.
"Así como los presidentes de Chile, Ecuador y Colombia, denunciamos a Nicolás Maduro como el gran artífice de esta inseguridad al mandar a sus esbirros de la banda criminal 'El Tren de Aragua' que se instalen en todas las repúblicas hermanas, causando zozobra y terror en la sociedad", señaló.
"Reclamo a la Comisión de Justicia, presidida por el partido Perú Libre, que no pone a discusión (el proyecto de ley sobre terrorismo urbano),por lo que no se ha dictaminado. Hay el apoyo de muchas bancadas, porque tenemos que darle seguridad jurídica al país", añadió.
Al respecto, Allison replicó que, si bien dotado de buenas intenciones, ha leído otros proyectos en esa misma línea que terminan por ablandar las penas en vez de endurecerlas.
"No he revisado el proyecto del congresista Burgos, que está siendo entrevistado, pero sí otros que, sin darse cuenta, bajaban las penas a los delincuentes. Hoy, por ejemplo, el sicario tiene 25 años de cárcel mínimo y en su modalidad agravada, cadena perpetua. Vi proyectos de otros congresistas que bajaban la pena sin querer, porque ponían como máximo 30, cuando la pena máxima es cadena perpetua. Algo parecido pasaba con la extorsión", finalizó.
El TC, la incertidumbre jurídica y la calificación crediticia
En un estado de incertidumbre jurídica, nos llegó la noticia de que Standard & Poor's ha rebajado nuestra calificación crediticia. La noticia es desde luego un balde de agua fría para los que esperábamos que se despejen los nubarrones de nuestra situación económica.
