La Contraloría General de la República implementa una directiva que facilita la solicitud de información bancaria y tributaria de funcionarios estatales sospechosos de enriquecimiento ilícito en la gestión de fondos públicos. Esta medida busca asegurar transparencia y ética en las prácticas gubernamentales, estableciendo protocolos rigurosos para el manejo confidencial de dicha información.
La entidad planea la creación de una plataforma informática para facilitar los requerimientos y reforzar la protección de los datos sensibles, mientras se advierte de consecuencias administrativas y penales para quienes incumplan con estas disposiciones. Los responsables de la gestión de fondos públicos en los diferentes niveles de gobierno deberán atender las solicitudes de la Contraloría en un plazo máximo de 10 días hábiles, bajo la supervisión de un Oficial de Cumplimiento acreditado.
Mientras la plataforma digital no esté operativa, los pedidos de información serán canalizados a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) o directamente con las autoridades tributarias correspondientes. Esta medida busca fortalecer el control y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, estableciendo un nuevo marco legal que permite una mayor supervisión de las operaciones financieras de los servidores públicos involucrados en presuntas irregularidades.