En una sesión conjunta, las comisiones de Economía y Descentralización del Congreso dieron luz verde a la nueva versión de la Ley de Contrataciones Públicas, la cual está ahora pendiente de votación en el Pleno. Este dictamen tiene como objetivo principal acelerar obras paralizadas, mediante la simplificación de procesos y la reducción de la burocracia. Sin embargo, la inclusión de restricciones para la contratación de familiares de congresistas ha generado un intenso debate.
Los defensores de esta medida argumentan que busca promover la transparencia y prevenir posibles conflictos de interés, asegurando la imparcialidad en las contrataciones. Por otro lado, quienes se oponen la consideran excesiva y una limitación a la libertad de elección de los contratantes. Esta controversia ha llevado a un intenso debate parlamentario sobre el tema.
Además de la discusión sobre la contratación de familiares de congresistas, otros aspectos relevantes están siendo considerados en la reforma de la normativa de contratación pública. Uno de ellos es la intervención estratégica en contratos de Estado a Estado, que busca fortalecer la capacidad del país para negociar acuerdos favorables en la adquisición de bienes y servicios extranjeros. También se están evaluando propuestas del Ministerio de Economía para una reforma integral de la normativa, con el objetivo de modernizar los procesos y prevenir la corrupción.
En este contexto de transformación de la normativa de contratación pública, es fundamental que los cambios se realicen de manera responsable y considerando los diferentes puntos de vista. El objetivo es lograr una legislación que promueva la transparencia, la eficiencia y la probidad en las contrataciones públicas, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país.