La crisis en el transporte público de Lima se agrava con la noticia de que los corredores morado, azul y rojo dejarán de operar debido a las deudas acumuladas por el Estado y la inacción de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU). Con la paralización de estos corredores, aproximadamente 224 mil pasajeros diarios se verán afectados, teniendo que buscar alternativas para desplazarse por la ciudad.
Según el gerente general del corredor morado, Gerardo Hermoza, las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) han fracasado, y el concesionario anuncia que demandará al Estado por una deuda de S/300 millones. Esta situación, además de ser un golpe para los usuarios que dependen de estos corredores, pone en evidencia las fallas en la planificación urbana de la ciudad.
Las críticas hacia la ATU apuntan a su inacción y desidia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo que ha generado un constante desequilibrio económico para los operadores de las rutas. La solución provisional de autorizar a 522 unidades de distintas empresas para cubrir la demanda plantea incertidumbre en cuanto a la calidad y regularidad del servicio, abriendo la posibilidad de un retorno a la informalidad en el transporte público de la ciudad.
El fracaso en la reforma del transporte urbano en Lima no es un fenómeno nuevo, sino un problema que se ha venido gestando durante años. La presencia de transporte informal compitiendo con los corredores formales, la falta de exclusividad en los carriles dedicados y el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades, han contribuido a que el sistema de transporte en Lima se vea sumido en el caos y la informalidad.
En este contexto, la paralización de los corredores no solo representa un desafío inmediato para los usuarios, sino también una señal de alerta sobre la necesidad de una gestión más eficaz y comprometida por parte de las autoridades. La ciudad de Lima no puede resignarse a que la informalidad y la impunidad ganen terreno en sus calles, es necesario tomar acciones concretas para revertir esta situación y garantizar un transporte público seguro y eficiente para todos los ciudadanos.