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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró improcedente la tutela de derechos presentada por la defensa legal del presidente Pedro Castillo, con la que se buscaba anular la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.

El juez Juan Carlos Checkley sostuvo en su resolución que no está dentro de sus atribuciones declarar la nulidad o dejar sin efecto una denuncia constitucional, debido a que es facultad del Parlamento declarar nula o dejar sin efecto el expediente presentado por Benavides el pasado 11 de octubre.

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“La evaluación de las denuncias constitucionales corresponde, por atribución propia, al Congreso de la República. (…) La formulación de una denuncia constitucional por parte de la Fiscalía de la Nación constituye el ejercicio de una atribución que le ha sido conferida y, asimismo, la calificación de la respectiva denuncia constitucional presentada ante el Congreso da lugar a una evaluación en sede parlamentaria, que le es exclusiva y excluyente”, se lee en la resolución emitida por el Poder Judicial.

Asimismo, el magistrado también sostiene que la Resolución N°4, expedida por su despacho el 22 de junio de 2022, no contiene un mandato prohibitivo que ordene a que la Fiscalía de la Nación se abstenga de formular denuncia constitucional ante el Congreso.

Cabe recordar que, durante la audiencia realizada el pasado 27 de octubre, Benji Espinoza, abogado del jefe de Estado insistió ante el juez Checkley que el artículo 117 de la Constitución Política solo permite que el presidente en funciones sea acusado por cuatro delitos concretos, que no contemplan las causales de corrupción.

Mientras que el fiscal supremo adjunto, Marco Huamán, respondió a la defensa de Castillo Terrones que esta denuncia constitucional es un “acto postulatorio”, a consecuencia de haber terminado la etapa de investigación preliminar contra el mandatario.

En ese sentido, el fiscal precisó que la denuncia constitucional es un acto procesal válido que no transgrede lo dictado con anterioridad por el juez. Asimismo, recalcó que la denuncia presentada por la fiscal de la Nación contra Castillo no es una acusación constitucional.

CASO PUENTE TARATA

El pasado 17 de octubre, Benji Espinoza, abogado del
presidente Pedro Castillo, presentó ante la Corte Suprema una tutela de derechos para anular la denuncia
constitucional planteada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el mandatario ante el Congreso. El
letrado argumentó que esta acción de Benavides no respeta la tutela judicial efectiva dada por el juez supremo
Juan Carlos Checkley en el caso puente Tarata.

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