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La presidenta de la República, Dina Boluarte, no será la única persona en declarar ante la Fiscalía de la Nación en el marco de la investigación preliminar por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves relacionados con las protestas de diciembre de 2022 y enero de este año. También se ha convocado a altos mandos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

A PARTE DE LA PRESIDENTA BOLUARTE, ALTOS MANDOS DEL EJÉRCITO Y LA POLICÍA TAMBIÉN DECLARARÁN  POR  DECESOS

Según informes de un medio local, el fiscal Marco Huamán ha programado interrogatorios para los militares y policías entre mañana y mediados de junio, con el fin de determinar su grado de responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos de los manifestantes, tal como han sido documentadas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El comandante general del Ejército, David Guillermo Ojeda Parra, será el primero en declarar, seguido por Manuel Jesús Gómez de la Torre Araníbar, comandante general de las FF. AA., el 5 de junio. Diez días después, Jesús Amarildo Vera Ipenza, comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, una de las regiones más afectadas durante las protestas, también será interrogado.

Por otro lado, el fiscal adjunto supremo Elmer Ríos Luque ha citado a unos treinta miembros de la Policía, incluyendo a algunos mandos regionales, para que brinden su testimonio en la investigación. Raúl Alfaro, excomandante general de la PNP, comparecerá el 2 de junio. Además, Julio Santos Mauricio Contreras, David Villanueva Yana y Carlos Omar Bravo Cáceres, mandos policiales de Puno, una región donde se registraron 17 muertes, también serán interrogados por el fiscal Ríos.

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Ántero Mejía Escajadillo (de la VIII Macrorregión PNP de Ayacucho),Carlos Urbina Barreto (encargado de la región policial de Arequipa) y Luis Jesús Flores Solís (entonces jefe del Frente Policial de Apurímac) también figuran en la lista de autoridades convocadas para ser interrogadas por el Ministerio Público.