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Un menor de 12 años y otro joven no identificados fueron asesinados a balazos el viernes pasado luego de ser acusados de robar comida en el municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander, Colombia. Ante los hechos, la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó lo sucedido vía Twitter.

IMÁGENES DIFUNDIDAS MEDIANTE REDES SOCIALES MOSTRARON DOS CADÁVERES EN CHARCOS DE SANGRE Y EL DEL MENOR LLEVABA UN CARTEL QUE DECÍA “LADRÓN”

Expresamos condolencias a su familia. Instamos a las autoridades a investigar estos hechos. Hacemos un llamado al respeto a la vida y protección de los niños y niñas de Colombia”, afirmó la institución en su red social con el objetivo de que cese la violencia en la zona noreste que limita con Venezuela.

Varias fotos y vídeos circularon en la misma plataforma que daban cuenta de la tragedia. Ambas víctimas mortales fueron encontradas sin vida en una zona de arena y otra en unas plantas. Según los reportes, unos comerciantes indicaron que ellos les robaron unos productos de su tienda y decidió encararlos.

Inmediatamente los amarraron con una cinta. “No queremos verlos tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo nuestras responsabilidades están. Entonces, los vamos a entregar a las autoridades”, se le escucha decir a una persona en el material audiovisual que grabaron antes de que los maten.

Tras llegar a la zona, los peritos observaron que los cadáveres presentaban impactos de bala en la cabeza y en el cuerpo. Eran los mismos acusados, pues tenían iguales prendas de vestir y un letrero con la palabra “ladrón”. Los testigos aseguraron que unos desconocidos en motocicletas se los llevaron.

La Policía intentó defenderse

Conforme precisaron los presentes, ellos llamaron en varias oportunidades a los oficiales, pero nadie se acercó para continuar con el proceso debido. Sin embargo, una postura distinta expresó el coronel Carlos Martínez de la Policía de Tibú, quien refirió que devolvieron la comunicación, pero sin respuesta.

La comunidad intentó contactar en repetidas ocasiones al celular de la estación de Policía y estos, para evadir sus responsabilidades, cancelaron en siete oportunidades la llamada”, escribió la autoridad mediante un comunicado con el objetivo de defenderse de una aparente mala gestión de la matanza.

En el lugar tomaron todas las evidencias posibles que les permita dar con las identidades o paraderos de los asesinos, quienes pertenecerían a un grupo armado ilegal. Además, los agentes del orden sostuvieron que ya están realizando las investigaciones respectivas para esclarecer el doble asesinato.

Por otra parte, añadieron que están ofreciendo una gran recompensa de 100 millones de pesos colombianos (S/180 448 aproximadamente) a quien brinde información de los posibles asesinos. Pese a ello, hasta la fecha todavía no reciben ningún dato para poder atraparlos antes de que fuguen a otro lugar.

De primera mano, los efectivos están culpando a los grupos armados que operan en el territorio, los cuales serían el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Cualquiera sería el posible responsable.

La Fiscalía General del país sudamericano, también fronterizo con el Perú, asignó un grupo especializado de fiscales para apoyar las diligencias del caso. El fiscal general Francisco Barbosa recalcó que personal experto en asuntos forenses y criminales también están apoyando en los trabajos pertinentes.

Políticos también se pronunciaron

El asesinato de dos jóvenes en Tibú muestra la violencia paramilitar convertida ya en costumbre, legitimada de muchas maneras. Dos vidas segadas que resumen nuestro principal reto del futuro: recuperar la seguridad territorial y generar oportunidades para millones de jóvenes”, reclamó el actual precandidato presidencial, Alejandro Gaviria.

Andrés Llanos Cardona, secretario de Víctimas, Paz y Postconflicto de Norte de Santander, rechazó “rotundamente los hechos victimizantes y de violencia que afectan la vida de un menor de edad y de un ciudadano mayor de edad extranjeros. Todo acto de violencia que afecte la dignidad de niños, niñas y adolescentes debe ser rechazado”.

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