Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, presentó este miércoles un proyecto de ley para declarar en “reorganización y emergencia” el Ministerio Público por 12 meses.
De esta forma, como sucedió en la dictadura de Alberto Fujimori -cuando cesó a los magistrados incómodos al régimen-, retirarían a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y a los fiscales supremos, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Tomás Gálvez, según Infobae.
La iniciativa no precisa un motivo concreto o presunta falta disciplinaria para cesarlo, solo que sería la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la que “resolverá la situación jurídica” de los referidos fiscales supremos.
Y pese a que el proyecto no dice nada tampoco sobre una destitución o cese de los fiscales supremos, sí determina que la declaratoria de emergencia culminaría cuando la JNJ “haya elegido a los nuevos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos”.
Así, «mientras dure la ‘reorganización’, la JNJ nombrará una “Junta Transitoria de Fiscales Supremos”, que asumirá las funciones de la Junta de Fiscales Supremos. Pero no dice nada sobre qué pasará con las investigaciones a cargo de los fiscales supremos -mientras dure la intervención- que realizan especialmente a los aforados investigados, es decir, presidente de la República, ministros, congresistas.
Procesos disciplinarios con suspensión preventiva
Muñante Barrios también propone que la “Junta Transitoria de Fiscales Supremos” tendría la facultad de proponer a la JNJ iniciar procesos disciplinarios con suspensión preventiva de fiscales de todos los niveles “que se encuentren comprometidos en hechos graves”. Con lo que se instrumentaliza y persigue con la facultad disciplinaria, como sucedió en la dictadura fujimorista.
Incluso plantea, según el texto, que la “Junta Transitoria de Fiscales Supremos” deberá presentar al Congreso un proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público y de la Ley de la Carrera Fiscal.
Lo más absurdo viene a continuación. Según el proyecto, si el Parlamento no aprueba los textos enviados en un plazo de 60 días, “se dará por aprobada la versión enviada”. Un desconocimiento total del procedimiento legislativo.
Entre los motivos precisa Muñante y sus compañeros de bancada que han firmado el proyecto que, el Congreso debe intervenir el Ministerio Público porque “la mayoría de ciudadanos, ya no confía en el sistema de administración de justicia”.
IEP: Congreso tiene una desaprobación de más del 90 % y la Fiscalía del 70%
El congresista se basa en un estudio del IEP que determinó que 70% de peruanos dice confiar poco o nada en el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero omite referir que, según la misma casa encuestadora, el Congreso tiene una desaprobación de más del 90%, refiere Infobae.
La exposición de motivos tiene subjetividades, como “»un supuesto uso político del Ministerio Público; una supuesta inclinación ideológica “caviar” y; un “rol entreguista” por el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la constructora Odebrecht. Sin mencionar, nuevamente, que Renovación Popular viene siendo procesado por sus vínculos con esta trama de corrupción internacional.
Como se recuerda, Fujimori en el autogolpe del 5 de abril de 1992, en su mensaje a la Nación, informó que tomó tres medidas que determinó como “trascendentales”. Entre ellas, “Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una ‘honesta y eficiente administración de justicia’”, pero en la práctica controló todo el sistema de justicia tal como lo reveló en una reunión su asesor, Vladimiro Montesinos a congresistas de Cambio 90 – Nueva Mayoría.
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