Una de las acciones más nefastas del gobierno de Alberto Fujimori fue la práctica de esterilizaciones forzadas que, entre 1990 y 2001, sufrieron mujeres de los sectores más pobres del país
No fue una acción caritativa ni un error de aplicación sino una política explícita que pensaba que impidiendo el nacimiento de nuevos hijos en las familias de menores ingresos de las zonas marginales de Lima y de los poblados más alejados del interior del país, se impediría el aumento de la pobreza. Una teoría descabellada, propia de la lógica hitleriana.
Ayer, por fin, tras dos décadas de impunidad, el Poder Judicial resolvió que el Estado debe realizar una reparación integral para las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori.
LARGA HISTORIA
La resolución del Quinto Juzgado Constitucional de Lima concedió amparó al recurso presentado por Inés Condori Anaya, María Mogollón, Félix Rojas, Horacio Pacori, Raquel Reynoso y Romy García contra el Ministerio de Justicia y dispuso que “La demandada emita la resolución ministerial correspondiente reconociendo el derecho constitucional a la reparación integral a las víctimas de esterilización forzada”.
A tal efecto, el Ministerio de Justicia deberá garantizar la participación efectiva de las asociaciones de víctimas y las organizaciones que las defienden en el diseño, creación e implementación de esta política, cumpliendo los criterios establecidos en la resolución en relación con los tipos de afectación y reparaciones fundamentadas.
La esterilización masiva fue ejecutada por el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV),del Ministerio de Salud, que no tenía nada de voluntario. Más bien utilizó diferentes formas de intimidación, el programa focalizó su aplicación a mujeres en edad fértil, la mayoría campesinas, indígenas, en situaciones de pobreza, y pertenecientes a zonas rurales. Dicho programa estuvo a cargo del propio aparato del poder público, desde el Ejecutivo hasta el Ministerio de Salud. Según las cifras establecidas por ONG que investigaron esta política se ha podido establecer que en el oncenio de Fujimori se practicaron 272,028 ligaduras de trompas, estimándose que más de la mitad fueron involuntarias.
La resolución judicial de ayer culminó una larga historia de sufrimientos adicionales que tuvieron que padecer las víctimas desde descubrieron lo ocurrido y empezaron a reclamar por el daño físico y moral inferido.
CASO EMBLEMÁTICO
El caso emblemático que motivó la generalización de los reclamos fue el de María Mamérita Mestanza Chávez una campesina de 33 años de edad y madre de siete hijos. Vivía junto con su compañero Jacinto Salazar Juárez en el distrito de La Encañada, Cajamarca, dedicados a la agricultura. En 1996, en cumplimiento del AQV, profesionales de salud comenzaron a realizar visitas a su domicilio para presionarla a que se sometiera a una ligadura de trompas. Durante estos encuentros, los profesionales de salud la intimidaron, diciéndole que, si no se operaba, ella o su compañero podrían ser enviados a prisión.
El 27 de marzo de 1998, luego de haber recibido aproximadamente diez visitas intimidatorias, Mamérita Mestanza accedió. Antes de ser operada, no recibió ningún tipo de asistencia médica y tampoco fue informada sobre las consecuencias y los riesgos del procedimiento. A pesar de haberlo pedido en al menos cinco oportunidades, la víctima tampoco recibió ningún tipo de atención postoperatoria. Como resultado, el 4 de abril de 1998, Mamérita falleció de una infección que se le agravó por esta falta de atención médica.
En junio de 1999, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana (CIDH). Durante el periodo de audiencias de la Comisión del marzo de 2001, se llegó a una conciliación entre las organizaciones peticionarias y el Estado que se firmó dos años más tarde. Sin embargo, varios de los compromisos del acuerdo quedaron pendientes, en particular una investigación exhaustiva de los hechos, y la aplicación de las sanciones penales y administrativas contra los responsables.
Lo peor es que, pese a tratarse de uno de los peores casos de violación de derechos humanos en nuestro país, fue cubierto por un manto de impunidad, que recién empieza romperse.
El dato
REGISTRO. Para ser beneficiarias las agraviadas deberán estar inscritas en el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO),donde a la fecha solo figuran 2,074 mujeres. Por ello, la difusión de esta resolución judicial es clave.
La entrada Triunfo judicial de víctimas de Fujimori se publicó primero en Diario UNO.