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El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción “ha actuado de manera apresurada” al pedir a la fiscalía una investigación preliminar contra el secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco y quienes resulten responsables” del presunto tráfico de influencias en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.

Maldonado refirió en RPP que el Estado de Derecho que rige en el Perú establece condiciones rigurosas para la intervención del sistema penal y que el caso en cuestión aún no lo amerita a pesar de su repercusión política.

“Hay un adelantamiento de actuaciones (de la Procuraduría),más motivados por el ánimo de estar presentes en el escenario político. […] lejos del impacto político publicitario, creo que la Procuraduría debería ser una entidad mucho más sosegada, mucho más prudente”, dijo.

Al respecto, el abogado Humberto Abanto recalcó que lo que se conoce hasta el momento en contra del secretario de la Presidencia “es solamente un dicho” del ex comandante Vizcarra. “Voy a ser muy claro. Lo que hay es un dicho que le atribuye una conducta cuestionable al secretario, pero aparte de ese dicho no hay ninguna otra evidencia. Y para que ese testimonio se convierta en prueba requiere ser corroborado con datos objetivos, no con más palabras, dichos o testimonios”, indicó.

Además, recordó que para que alguien sea procesado por tráfico de influencias “tiene que denunciar quien compró la influencia, porque es el único quien puede decir que invocaron ante él las influencias reales o simuladas, y que a cambio de esa invocación le pidieron un donativo, beneficio o ventaja”. “Si no existe eso, no hay tráfico de influencias”, acotó.

 

VIZCARRA COMPLICADO

Por otro lado, el panorama se podría complicar para el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, tras conocerse que los generales de brigada Julio Domínguez Pasco y Marco Campos Gerónimo comunicaron al mandatario Pedro Castillo presuntos actos indebidos ocurridos durante el proceso de ascensos en la entidad castrense.

Según indicó el general Domínguez en una carta dirigida al jefe de Estado, Vizcarra habría hecho caso omiso a serias denuncias que el general de brigada puso en su conocimiento, como el haber sido víctima de espionaje, presuntamente dispuesto por el general Oswaldo Calle. Por ello, acusó la “inacción (del general Vizcarra) ante este ilícito, toda vez que el suscrito le dio cuenta de este hecho”.

Para Humberto Abanto, “el comandante general tendría que haber trasladado esto primero al Ministerio Público y luego a los órganos de inteligencia, pues su deber es vigilar que sus generales no estén siendo blanco de seguimiento”. “No tomar acción es algo mucho más que preocupante y podría considerarse hasta una omisión de denuncia, ya que tiene el deber de velar por la seguridad de sus oficiales”, señaló.

Asimismo, agregó que se podría configurar en contra de Vizcarra una omisión de denuncia, y una omisión de acto funcional.

Además, advirtió que podríamos estar ante un caso de abuso de autoridad, “pues se podría haber perjudicado a los otros oficiales”.