Acta revela división en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y exclusión de funcionaria clave durante sesión que ordenó reponer a la fiscal suspendida. Anuncio de ejecución forzosa fue frenado por decisión judicial.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenó reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación sin la unanimidad de sus miembros y sin convocar a su secretaria general. Seis de siete magistrados firmaron el acta el 9 de junio, excluyendo a Francisco Távara Córdova. Giovanna Díaz Revilla, secretaria general, no fue llamada a la sesión y dejó constancia de su ausencia. Para imponer su decisión, la mayoría de la JNJ anunció luego un procedimiento de ejecución forzosa, pero un juez inhabilitó a Benavides al día siguiente.
Ausencia y Disenso Interno
El acta de la Sesión Extraordinaria del 9 de junio, difundida por el programa «Panorama», muestra que solo seis magistrados respaldaron la decisión de reponer a Patricia Benavides. Los firmantes fueron Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro De La Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzáles y César Cayo Galindo Sandoval. Francisco Artemio Távara Córdova no participó ni firmó el documento.
La falta de unanimidad generó una objeción formal. Delia Espinoza Valenzuela denunció la vulneración de sus derechos y los de su institución. Argumentó que la ausencia de Távara Córdova impedía alcanzar el quórum legal necesario para sesionar válidamente. Esta objeción quedó plasmada como parte del registro oficial del acta.
Secretaria General Excluida
Otro punto de conflicto fue la exclusión de la secretaria general de la JNJ, Giovanna María Díaz Revilla. Las autoridades no la convocaron a la reunión donde se decidió la reposición de Benavides. Díaz Revilla ejerce un rol administrativo y de registro crucial dentro del organismo.
Ante esta omisión, la secretaria general dejó constancia formal de su ausencia en el acta misma. Su exclusión del proceso suscita dudas sobre la transparencia y el seguimiento del protocolo interno durante esa sesión clave. La no convocatoria a un funcionario de su jerarquía marca otra irregularidad en el procedimiento.
Ejecución Forzosa Frenada
El 24 de junio, los magistrados que respaldaron la reposición anunciaron medidas coercitivas. Informaron el inicio de un «procedimiento de ejecución forzosa» para imponer el retorno de Benavides al cargo de fiscal de la Nación. Acusaron de desacato a la entonces titular del Ministerio Público por no cumplir su resolución.
Gino Ríos Patio, presidente de la JNJ, justificó la medida citando el artículo 205 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ríos Patio aclaró que esta acción no representaba un nuevo nombramiento. Insistió en que solo buscaba ejecutar una decisión ya vigente y obligatoria.
Sin embargo, esta estrategia de presión no pudo materializarse. Al día siguiente, el 25 de junio, el juez Segismundo Israel León Velasco, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, aceptó un pedido del Ministerio Público. La decisión judicial inhabilitó a Patricia Benavides Vargas de la carrera fiscal por 24 meses. Esta resolución judicial bloqueó de facto la ejecución forzosa anunciada por la mayoría de la JNJ.
Repercusiones y Futuro Legal
La publicación del acta del 9 de junio añade capítulos a la polémica. Expone públicamente la división interna dentro del pleno de la JNJ durante la decisión de reponer a Benavides. También evidencia la exclusión de la secretaria general del proceso.
La falta de unanimidad y las objeciones al quórum plantean interrogantes sobre la solidez jurídica de la propia resolución de reposición. La inhabilitación posterior de Benavides por parte del Poder Judicial complejiza aún más el escenario legal. El conflicto entre la decisión de la mayoría de la JNJ y la sentencia judicial que la anula define ahora el rumbo del caso. La legitimidad del procedimiento interno de la JNJ queda bajo escrutinio público.