Publicación del D. S. N.º 012-2025-EM es vista como un ataque directo a la minería ancestral, el derecho al trabajo y la soberanía popular.
AMAPE y CONFEMIN denuncian un pacto entre el Estado y Minera Poderosa para excluir y criminalizar a los mineros del pueblo y entregar sus territorios a la gran minería.
CRIMINALIZACIÓN DE LA MINERÍA ANCESTRAL
La publicación del Decreto Supremo N.º 012-
2025-EM por parte del gobierno no es una medida técnica ni administrativa sino es un ataque frontal contra la minería ancestral, contra el derecho al trabajo y contra la soberanía del pueblo sobre sus propios recursos. Se trata de una norma diseñada para excluir y criminalizar a los mineros del pueblo, dejando el camino libre a la gran minería, y en especial, a intereses concentrados como los de Minera Poderosa en Pataz.
El ministro Montero ha sostenido reuniones con la CONFEMIN Perú y otras asociaciones como la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE) pero todo apunta a que lo hace solo para ganar tiempo. No existe voluntad política alguna de resolver el conflicto de fondo que no es otra cosa que prolongar el REINFO sin condiciones, como lo han señalado incluso asesores técnicos y congresistas presentes en dichas reuniones, es perfectamente viable desde el punto de vista legal.
CONDICIONES
ARBITRARIAS Y
ENTREGA DE RECURSOS
Por el contrario, el régimen busca imponer condiciones arbitrarias que no apuntan a ordenar la minería, sino a eliminarla del todo cuando proviene del pueblo. Condiciones diseñadas para no cumplirse.
La trampa está tendida: el Decreto 012-2025 es un instrumento legal que esconde una decisión política autoritaria y entreguista.
El caso de Pataz es revelador y escandaloso. La empresa Minera Poderosa, ligada a una de las familias más ricas del país, ha remitido al Ministerio de Energía y Minas una lista de mineros que operan dentro de sus concesiones con inicio de actividades. Esta
lista, utilizada por la Fiscalía y la Policía como insumo para futuras sanciones, evidencia la existencia de un pacto implícito (o explícito)
entre una empresa privada y el Estado para perseguir y expulsar a los mineros del pueblo.
PODER ECONÓMICO Y
APARATO ESTATAL
Es decir, el poder económico ya no solo influye
en la legislación y ahora ejecuta directamente una política de exterminio contra quienes trabajan en las zonas auríferas desde generaciones, sin recibir apoyo ni reconocimiento.
Este hecho debe ser investigado penalmente. No es un acto administrativo: es una muestra del uso del aparato estatal para defender intereses privados, en contra de derechos fundamentales.
Se impone la fuerza de los intereses mineros que, a punta de lobby, compran voluntades y someten al Estado a su lógica.
El mensaje es claro y nos dice que en el Perú, los derechos del pueblo no valen si estorban al poder económico. La dignidad de los trabajadores no cuenta si incomoda a las grandes empresas. Y la soberanía nacional es solo un discurso vacío si no se defiende en el territorio desde las comunidades.
LUCHA Y DIGNIDAD
DEL PUEBLO MINERO
Pero frente a esta agresión, el pueblo minero ancestral ha respondido con organización, con movilización y con dignidad. Las movilizaciones se multiplican en todo el país y que este no es un sector disperso, es una fuerza social viva, con historia, con legitimidad y con causa.
La Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE) y la CONFEMIN Perú han declarado la lucha permanente hasta que se derogue el Decreto 012-2025 y se apruebe una prórroga del REINFO sin condiciones. Esta es una batalla legal, política y moral por el derecho a vivir del trabajo honesto, a resistir la expulsión y a recuperar el control sobre lo que es nuestro.
DATOS:MINERA PODEROSA ha remitido al Ministerio de Energía y Minas una lista de mineros que operan dentro de sus concesiones, la cual está siendo utilizada por la Fiscalía y la Policía como insumo para futuras sanciones. Esto evidencia un pacto implícito o explícito entre una empresa privada y el Estado para perseguir y expulsar a los mineros ancestrales.