El Poder Judicial acogió el pedido de la Fiscalía para apartar temporalmente a Benavides, mientras se le investiga por presunta corrupción y abuso de poder. El fallo revela la crisis institucional que atraviesa el sistema de justicia en el país.
Un fallo que marca un punto de inflexión
En una decisión de alto impacto político e institucional, el juez supremo de investigación preparatoria, Segismundo León Velasco, ordenó este martes la suspensión por 24 meses de Patricia Benavides Vargas en sus funciones como fiscal suprema titular y como fiscal de la Nación. El fallo, emitido a pedido del propio Ministerio Público, responde a indicios suficientes de que Benavides habría cometido los delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en agravio del Estado.
El dictamen señala que su permanencia en el cargo podría interferir en investigaciones sensibles, desestabilizar procesos penales en curso y afectar gravemente la objetividad del sistema de justicia, sobre todo en lo que respecta al caso conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
¿Por qué se le investiga?
El caso que involucra a Benavides tiene ramificaciones profundas dentro del Ministerio Público. Según la hipótesis fiscal, durante su gestión como fiscal de la Nación, habría interferido directa o indirectamente en procesos disciplinarios ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y utilizado sus facultades para proteger aliados y neutralizar investigaciones contra personajes clave de la política nacional.
Además, se investiga su presunta participación en una organización dentro del propio Ministerio Público orientada a desviar o frenar investigaciones, y a proteger funcionarios implicados en delitos graves. Una de las acusaciones centrales apunta a que habría ejercido presión sobre fiscales y funcionarios internos, así como manipulado el sistema de nombramientos.
Audiencia y controversia legal
La audiencia judicial fue seguida con atención por los principales actores del sistema judicial. La fiscalía argumentó que Benavides representaba un “riesgo procesal elevado” para la integridad de las investigaciones en curso, y que existían elementos razonables para prever que podría obstruir la justicia si continuaba ejerciendo el cargo.
La defensa legal de Benavides, a cargo del abogado Humberto Abanto Verástegui, sostuvo que su defendida no podía ser suspendida porque aún no había asumido formalmente como fiscal suprema titular. Sin embargo, el juez desestimó ese argumento, señalando que los hechos investigados ocurrieron mientras ostentaba autoridad real y de facto dentro del Ministerio Público.
Crisis institucional y presión de la JNJ
En paralelo al proceso judicial, la Junta Nacional de Justicia ha protagonizado un capítulo aparte. La institución encargada de nombrar, sancionar y destituir jueces y fiscales fue acusada de intentar imponer a Benavides en el cargo, incluso amenazando con desalojar por la fuerza a Delia Espinoza, la actual fiscal de la Nación.
Según diversas fuentes judiciales, la JNJ habría actuado sin actas válidas ni respaldo normativo, buscando reponer a Benavides sin respetar los procedimientos debidos. Esta conducta generó una fuerte reacción del Poder Judicial, que consideró que el intento de restitución representaba una amenaza al equilibrio entre poderes del Estado y al principio de autonomía del Ministerio Público.
Implicancias jurídicas y políticas
La suspensión tiene consecuencias inmediatas: Benavides no podrá ejercer ni como fiscal de la Nación ni como fiscal suprema durante los próximos dos años. En tanto, su defensa anunció que presentará una apelación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Delia Espinoza, en su calidad de fiscal de la Nación interina, ha promovido a su vez una demanda de amparo contra la JNJ, la cual ha sido admitida a trámite por el 9° Juzgado Constitucional de Lima. La audiencia para evaluar esta demanda ha sido fijada para el próximo 8 de agosto.
Este conflicto marca un precedente: por primera vez en décadas, el Poder Judicial actúa como dique de contención ante lo que se percibe como una captura institucional del sistema fiscal por intereses internos y externos. La tensión entre órganos autónomos —Fiscalía, JNJ y Poder Judicial— se ha hecho evidente y amenaza con erosionar la legitimidad del sistema de justicia en su conjunto.
¿Qué sigue?
En lo inmediato, la Fiscalía continuará sus investigaciones, con énfasis en los presuntos vínculos de Benavides con operadores judiciales, funcionarios políticos y empresarios que habrían recibido protección a cambio de favores o lealtad.
A nivel político, la medida del PJ desacelera —al menos temporalmente— los esfuerzos de un sector por devolver a Benavides a la cúspide del Ministerio Público, lo que abre una ventana de estabilidad para que el sistema continúe sus procesos sin interferencias.
Reflexión final: la justicia bajo presión
La suspensión de Patricia Benavides no solo es un golpe para una figura que supo concentrar poder al interior del Ministerio Público, sino también una advertencia sobre los peligros de la politización de las instituciones. Lo ocurrido deja claro que el sistema de justicia peruano enfrenta una prueba crítica: demostrar que puede investigar y sancionar con independencia, incluso a quienes se encuentran en lo más alto del poder.
De momento, el Poder Judicial ha enviado una señal contundente. La Ley se respeta.