El Estado moderno existe para promover y asegurar el bienestar general de los ciudadanos. Para eso dicta las reglas de juego al que se someten las empresas y las personas y, además, presta servicios que son esenciales para el bienestar de la sociedad.
En el Perú, si bien en las últimas décadas hemos visto el emprendimiento de importantes reformas legales, de mayor crecimiento económico y un mayor gasto público, aún no conseguimos que el Estado funcione como los ciudadanos quisiéramos.
Al 2020, aún tenemos un 15% de viviendas urbanas expuestas a inundaciones, cerca del 5% de la población sin acceso a agua por red pública, 23% sin acceso al servicio de alcantarillado y un 14% ha sido víctima de un delito en el último año, entre otros datos preocupantes.
La debilidad expuesta no solo refleja la falta de efectividad gubernamental. Los datos confirman que la negligencia y la corrupción son parte de la explicación. La Contraloría ha identificado que alrededor del 12.6% del gasto se pierde por esas razones.
La ineficiencia del Estado produce además un grave daño en la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones. Si queremos un Estado orientado al bienestar ciudadano tenemos que promover su mejor funcionamiento, reducir el comportamiento oportunista y negligente de funcionarios y servidores públicos y, por supuesto, atacar la corrupción.
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