La decisión del fiscal superior José Huaylla Marín, que reemplazó a su colega Marita Barreto en la Segunda Fiscalía Provincial en Lavado de Activos, insiste en incluir a dos periodistas –José Briceño Abanto y Rafael Romero- en una “organización criminal” y ha trastocado un pedido de prisión preventiva en cárcel efectiva por hasta 10 años y 4 meses.
“Pena concreta final: Se advierte que el acusado [Briceño Abanto] ha cometido el delito de organización criminal tipo base, debiendo imponerse 10 años 4 meses de pena privativa de la libertad, como pena concreta final”, reza el pedido del fiscal en la carpeta N° 27-2014 del expediente judicial N° 350-2015.
Esta medida, señala el abogado Erasmo Reyna, “es absolutamente desmedida”, y todo porque alguien puede tener una actitud de vigilancia, de control, de fiscalización o de crítica, y se llegue a estos extremos.
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Sucede, reiteró el letrado, es una aberración que “la libertad de prensa ejercida por dos periodistas haya significado que sean acusados y se pida pena privativa de libertad que supera los 10 años de carcelería contra ellos, aparte de multas”.
En diciembre “absolví la acusación fiscal y estamos a la espera de que señalen fecha de audiencia de control de acusación”, precisa Reyna.
Como en el Perú no funcionan los organismos de control interno para este tipo de situaciones, “vamos a recurrir, en su oportunidad, a los organismos supranacionales de protección de los derechos de los periodistas, sobre todo en la Unión Europea”, finaliza.
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