Documentos oficiales desmienten las declaraciones de Jaime Villanueva respecto a que Patricia Benavides habría cobrado o exigido sobornos a cambio de compras millonarias en el Ministerio Público. Esto podría hacer que el aspirante a colaborador eficaz pase a prisión preventiva.
El filósofo había mencionado al Equipo especial que dirige Marita Barreto, que hubo maniobras corruptas para el proceso “Implementación del Data Center principal y Data Center de contingencia del Ministerio Público”.
De acuerdo a su testimonio, se buscó sin éxito beneficiar al empresario Giancarlo Valer Enciso, con la compra de computadoras por 3’451,769.31 soles. Sin embargo, su afirmación de que en octubre de 2023 Benavides recibió 30 mil soles que usó en una operación para su hijo, queda sin piso ante un documento de la Clínica San Pablo de Surco.
Colaboración ineficaz
“Ha sido atendido por emergencia en el mes de setiembre de 2023 (…) utilizando su seguro EPS Rímac con la cobertura de accidentes al 100 %”, indica el documento firmado por Javier Ríos Aida, gerente del nosocomio.
Jorge del Castillo, miembro del staff de abogados que defiende a Benavides, detalló que lo dicho por Villanueva no tiene asidero alguno desde el principio.
“En el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, se abrió una licitación pública internacional para la compra del Data Center, pero resulta que hubo alguna denuncia de la incompatibilidad de un funcionario de la Comisión Calificadora y el proceso se truncó. ¿Cómo podría haber influido la doctora Benavides en una licitación pública internacional?”, cuestionó.
Sobre el otro proceso mencionado por el filósofo, el también excongresista del Apra mencionó que este era realizado totalmente por el sistema computarizado de Perú Compras (dependencia del Ministerio de Economía).
“Se produce así: quiero comprar tantas computadoras y entro al sistema y la computadora procesa todo. Prácticamente, no hay participación de seres humanos. Se le hace el requerimiento a Perú Compras, que identifica, cuáles son las, digamos, tecnologías aplicables, y de ahí invita a los empresas interesadas en proponer sus precios.
Una computadora procesa los factores, y saca un resultado”, explicó Del Castillo sobre el proceso por 4’070,666.87 soles.
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Pero aparte de las contrataciones para comprar computadoras explicadas aquí, otro punto supuestamente comprometedor es que el abogado José Luis Castillo Alva ha sido sindicado como “operador” de Benavides en la Junta Nacional de Justicia, a cambio de que la suspendida fiscal de la Nación coloque a sus allegados en el caso “Cuellos blancos del puerto”.
Según afirma el colaborador eficaz, Castillo Alva buscó, a través de su colega Jefferson Moreno, que la suspendida fiscal de la Nación nombrara a cuatro funcionarios en las diferentes carpetas.
Si bien se precisa que esto no se logró inmediatamente, luego se designó en los respectivos despachos a Abelardo César Caycho Ramis, Juan Carlos Zúñiga Ríos y Jorge Veiga Reyes.
Cabe indicar que el testigo protegido 1-2024 de Eficcopen ningún momento señala que Benavides haya condicionado estas acciones a cambio de que Castillo Alva la apoye. Es más, el mismo testigo admite que él en ningún momento le dijo que esto era pedido del litigante.
testigo protegido
EXPRESO se contactó con Jefferson Moreno, a fin de que nos manifieste cómo su práctica profesional puede ahora ser implicada en supuestas irregularidades. “Es un testigo protegido. No puedo opinar, es delito hablar sobre identidades en esos supuestos”, acotó.
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