La salud y la educación son derechos humanos fundamentales, aunque la Constitución los considera servicios e incluso mercancías. Por ello, pese al crecimiento económico continuo durante varios años, no hemos logrado un desarrollo integral que favorezca a las clases populares y medias. La pandemia del coronavirus, que nos afecta desde casi un año, desnudó la precariedad de los sistemas de salud y educación, los que requieren una profunda transformación.
Necesitamos un sistema unificado de salud, articulando los esfuerzos del MINSA- ESSALUD-PNP-FF.AA.-clínicas privadas; priorizando el primer nivel de atención (las postas),enfatizando en la prevención, con una activa participación ciudadana, y hoy, como parte del plan de protección social antiCovid, resulta indispensable contar con centros de oxigenación locales debidamente equipados, aunado a que el gobierno aplique el artículo 82 de la Ley General de Salud: “En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes”.
A nivel de la educación lo público también debe ser el eje, regulando la privada y desterrando la de “fines de lucro” (D.L. N°882, que data de 1996),punto de partida para los “negociazos” en desmedro de la calidad educativa. Necesitamos una reforma integral armonizando los enfoques de derechos, ambiental, intercultural, inclusión social y género; dignificando al magisterio en cuanto a remuneraciones y jubilación. Asimismo, está pendiente el pago de la deuda social y para el inicio del año escolar es menester que las plataformas virtuales lleguen a todo el país, sobre todo a zonas rurales; se entregue las tablets a estudiantes y maestros, y se entienda en términos prácticos que el Internet es un derecho humano fundamental.
Los ultraliberales que gobernaron nuestro país durante las últimas décadas apuestan al continuismo y a lo sumo maquillan su verdadero afán: proteger sus intereses particulares. Se beneficiaron durante los distintos gobiernos corruptos y ahora pretenden descalificar las propuestas transformadoras en educación y salud. Dicen que “no hay plata”, lo cual es falso. La hay para financiar al Bono universal durante varios meses (en las cuentas del Estado hay S/. 75 mil millones) a fin de que las familias peruanas enfrentemos la pandemia. Igualmente, mediante una efectiva reforma tributaria podremos recaudar mucho más, evitando que, por ejemplo, oligopolios y monopolios sigan gozando de exoneraciones tributarias (en 10 años dejaron de pagar S/. 93 mil millones); aplicando también un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Esta política obviamente será acompañada de una firme lucha contra la corrupción, la que se llevó S/. 72,600 millones (2016-2019).
Son tiempos de cambiarlo todo. La elección del 11 de abril nos abre una gran oportunidad democrática. Pasemos de la indignación a la acción. Con el poder ciudadano del pueblo soberano, ¡sí se puede!
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