En julio de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski (PPK) asumió la presidencia del Perú, lanzó la idea que se había acabado el recreo en términos de gestión y selección de ministros, proponiendo un gabinete de lujo.
Año y medio después, la calistenia con la que empezó su gobierno se esfumó, dando paso a escándalos de corrupción y compra de votos en el Congreso, precipitando su renuncia. ¿Qué pasó entonces con el tecnócrata de Princeton, gran conocedor de la gestión pública y sus puertas giratorias? Al parecer, lo que le sucede a las gestiones que pasaron por Palacio de gobierno.
Sin innovar, PPK continuó con las políticas de su paso como ministro 15 años atrás. Asimismo, su gabinete compuesto por amigos, unos de la misma promoción de colegio, universidad o distrito, fue desmoronándose poco a poco, sin tener las reacciones políticas mínimas para hacer frente a la aplanadora fujimorista en el Congreso.
Al fin y al cabo, su gabinete no fue ni de lujo ni de experiencia. Tomamos este ejemplo, debido a que los anteriores y sucesivos gabinetes han tenido la misma dificultad en términos de gestión pública y, sobretodo, en el quehacer político. Ambas cualidades siendo principales para la labor ministerial.
Así, cada cinco años, nuevos partidos asumen la dirección del Estado, echando mano de sus allegados y compañeros de ruta política. Sin embargo, esta lógica, contrasta con las necesidades que un Estado innovador y previsor debe tener.
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Se debe tomar en cuenta que la gestión pública, además de necesitar un conocimiento técnico, está inmersa en un mundo en constante transformación, cuyo objetivo es desarrollar las mejores soluciones a la problemática de los ciudadanos y la sociedad, lo cual amerita un alto nivel de responsabilidad. Para esto, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) ha venido ciertamente a mejorar y uniformizar los criterios de contratación. Sin embargo, esta formalidad no implica materialmente conocimiento y experiencia.
De la misma manera, las formaciones que brindan la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR),el Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) o la Contraloría General de la República (CGR),no están articuladas y sirven de manera tangencial a la necesidad técnica de la gestión pública.
De allí que emerja la imperiosa necesidad de contar con una escuela de formación en gestión pública, perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros. Este organismo sería responsable de la formación de empleados públicos, la selección de funcionarios, impulsando la investigación en administración pública. Es momento entonces de ver que la gestión pública, es una cuestión de Estado.
*Jurista internacional,
experto en casos de corrupción y lavado de activos
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