El Poder Judicial (PJ) rechazó el recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por Zenovia Herrera Vásquez, exjefa del programa Qali Warma en la región San Martín, dentro del proceso que se le sigue por presunta pertenencia a una organización criminal denominada 'Los Waykis en la Sombra'.
Esta organización estaría liderada, según la Fiscalía, por Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte. La resolución judicial, deja firmes las imputaciones por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo propio contra Herrera y los demás investigados.
La defensa de la exfuncionaria argumentó que la Fiscalíahabía aplicado incorrectamente la Ley 32138 emitida en octubre de 2024 al ampliar la calificación del delito, cuando debía haberse aplicado la Ley 32108, que fija una pena mínima mayor. Sin embargo, el juez rechazó este planteamiento.
¿Quiénes integraban la presunta red y cómo operaban?
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Nicanor Boluarte habría ejercido control de facto sobre funcionarios públicos, como Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de Gobierno del Interior, con el objetivo de copar políticamente las designaciones de subprefectos y prefectos en regiones como Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica, Cusco, San Martín y Cajamarca. La finalidad sería asegurar influencia política en puestos clave a nivel nacional.
La defensa de Herrera también solicitó el archivo del delito de tráfico de influencias, al alegar que Boluarte Zegarra no era funcionario público y que las designaciones cuestionadas no estaban sujetas a un proceso contencioso. No obstante, el juez desestimó este argumento, indicando que lo relevante es la influencia ejercida ante un funcionario público como Ortiz Marreros, quien tenía la competencia para designar subprefectos.
¿Qué relación tiene el secuestro de un testigo con este caso?
En relación con esta investigación, el Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo de la investigación preparatoria tras el secuestro de Iván Siucho Neira, testigo clave del caso y protegido por la Fiscalía. El secuestro ocurrió el 23 de agosto de 2024 y afectó también a su pareja. Nueve personas, incluyendo tres policías, son investigadas por este hecho, bajo los delitos de secuestro agravado, extorsivo y pertenencia a banda criminal.
La jueza Enma Peña ha convocado a una audiencia virtual para el 24 de junio, a fin de evaluar la ampliación del plazo de investigación solicitada por el fiscal Nilo Paredes, quien argumentó la complejidad del caso y la necesidad de realizar diligencias pendientes.
La resolución judicial confirma que continúan vigentes las investigaciones por organización criminal en contra de varios implicados, entre ellos Nicanor Boluarte. Asimismo, el secuestro de un testigo clave ha motivado la solicitud de ampliación del proceso, lo que refleja la gravedad y complejidad de un caso que sigue bajo la lupa del sistema de justicia peruano.