Casi S/.13 de cada S/.100 se perdieron por corrupción en el 2023

El Callao y Piura son las regiones donde la Contraloría ha calculado un mayor perjuicio económico por actos de corrupción e inconducta funcional en todos los niveles del Estado.

Desde policías recibiendo coimas para no multar a infractores hasta funcionarios públicos sobrevalorando obras o recibiendo “comisiones” que afectan a los fondos públicos. Así se presenta la corrupción y la inconducta funcional en el Perú, y según la Contraloría General de la República, ambas han generado un costo aproximado de S/. 24 268 millones durante el 2023. Esta cifra significa un nivel de incidencia del 12.7% respecto al presupuesto del sector público ejecutado el año pasado.

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“En el año 2019 vimos una tasa de incidencia de 14.9%, es decir que casi S/ 15 de cada S/ 100 se perdían por corrupción e inconducta funcional y para el 2023 hemos visto que estamos en S/ 12.7”, explicó el contralor general, Nelson Shack.

Haciendo un zoom a las cifras, se puede ver que del costo total, casi S/. 12 millones corresponden al Gobierno Nacional, lo que equivale a una incidencia del 11.3%. Le siguen los gobiernos regionales con S/ 7615 millones con una incidencia de 15.4%, y los gobiernos locales con S/ 4660 millones, cuya incidencia es de 13.1%.

Según el informe de la Contraloría, las regiones que presentaron mayor tasa de incidencia respecto al presupuesto público ejecutado, en todos los niveles del Estado, son El Callao con 17.9%, Tumbes con 17.5% y le siguen Ucayali con 16.5%, Piura con 16.2%  y Áncash con 16.2% también.

En el Callao, por ejemplo, días después de haber asumido como gobernador regional en enero del 2023, Ciro Castillo se reunió con la Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, Teresa Jesús Soto Gordon, para “trabajar de manera frontal contra la corrupción”.

Sin embargo, para agosto el gobernador del Callao ya aparecía como investigado en dos carpetas de la Fiscalía Anticorrupción del Callao. Ciro Castillo fue acusado por el supuesto uso de fondos públicos para financiar un medio digital que promocionaba su imagen. Días atrás, el gobernador fue denunciado por negociación incompatible por el presunto favorecimiento a su ex asistente administrativa Elvira Madalengoitia a quien le habría duplicado el salario.

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La situación cambia cuando se observa la lista de regiones donde se ha ocasionado mayor perjuicio económico. Piura aparece en primer lugar con S/ 1.501 millones de pérdida por efectos de la corrupción y la inconducta funcional, seguida de Cusco con S/ 1.352 millones, Áncash con S/ 1.311 millones, y El Callao con S/ 1.227 millones.

El año pasado, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción reveló que Piura acumulaba 236 casos de corrupción en estado de investigación. De ellos, 159 casos ocurrieron en municipalidades distritales, 52 en municipalidades provinciales y 14 en el gobierno regional. Incluso hay tres exgobernadores regionales investigados por peculado, colusión agravada y aprovechamiento del cargo.

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Funcionarios responsables

El Contralor General informó que 9.338 funcionarios públicos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local tienen presunta responsabilidad en hechos irregulares que derivaron en casos de corrupción e inconducta funcional ocurridos en el 2023.

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De ese total, existen 5.436 funcionarios únicos con presunta responsabilidad administrativa, 2.002 tienen responsabilidad administrativa sujeta al Proceso Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría, 3.394 tienen responsabilidad civil, mientras que 4.030 tienen responsabilidad penal.

Caso Machu Picchu

El contralor Nelson Shack informó que actualmente existen dos procesos de control sobre posibles irregularidades que se detectaron en el proceso de contratación de la plataforma Joinnus por parte del Ministerio de Cultura para la venta virtual de boletos para ingresar a Machu Picchu.

"Hay dos procesos de control que está haciendo la Contraloría. Uno es el que está corriendo ahorita, el del control concurrente. ¿Cómo está funcionando lo que está contratado? y tiene una serie de situaciones adversas para que las corrijan y entiendo que el Ministerio de Cultura ha tomado unas medidas para corregirlas. Tienen 45 días", dijo a RPP.

Según dijo el Contralor, lo que se ha podido conocer, hasta el momento, es que el Ministerio de Cultura hizo una serie de investigaciones de mercado, “pero al final adjudicaron en el marco de una menor cuantía, de una contratación de menos de ocho UITs, que es legal, pero que todos sabemos es a dedo”.

La contratación de la empresa Joinnus por parte del Ministerio de Cultura ocasionó el rechazo de diferentes gremios turísticos y de parte de la población del Cusco que salieron a protestar exigiendo la renuncia de la ministra Leslie Urteaga.

Los manifestantes acusaron a la ministra Urteaga de querer “privatizar la venta de boletos para Machu Picchu” favoreciendo a la “empresa privada Joinnus que cobrará 3.9 % por cada boleto vendido”.

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Asimismo, denunciaron un supuesto conflicto de intereses entre el Mincul y Joinnus y aseguran que al comercializar los boletos, la empresa podrá acceder gratuitamente a la base de datos del sector turismo y de la información personal de cada turista que ingrese a comprar. A través de un comunicado, la Asociación de Profesionales de Machu Picchu manifestó su rechazo al considerar poco transparente el proceso de negociación entre el ministerio y la empresa Joinnus. Las protestas concluyeron a fines de enero luego que se acordó la ratificación de la venta presencial de 1000 boletos diarios en Machupicchu y se anunció la terminación anticipada del contrato con Joinnus.