Recientes declaraciones ante la fiscalía que investiga la masacre de Ayacucho durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte revelan que cuando los muertos eran dos en esa región y diez en todo el país, la entonces defensora Eliana Revollar le pidió a Alberto Otárola que los soldados dejen disparar. Pero todo continuó. Además, el exministro del Interior ubica a la jefa de Estado en el centro de las decisiones.
Hasta el 15 de diciembre de 2022, el país estaba estremecido por la violencia de las protestas en Andahuaylas (Apurímac) y Virú (Trujillo),pues la reacción militar y policial ante las protestas habían provocado decenas de heridos y la muerte de ocho personas por impactos de proyectiles de armas de fuego usadas por las fuerzas del orden.
Ese día, miles de ayacuchanos se sumaron a las protestas contra el recién estrenado gobierno de Dina Boluarte y se dirigieron al aeropuerto de Huamanga, la capital ayacuchana. A las 4 de la tarde, los disparos de soldados del Ejército terminaron con las vidas de José Sañudo Quispe, de 31 años, y de Clemer Rojas García, de 22, quienes murieron casi inmediatamente. Con ellos, las víctimas mortales de las protestas contra el gobierno se incrementaron a diez.
En esas circunstancias, la entonces defensora del Pueblo, Eliana Revollar, habló telefónicamente con el ministro de Defensa de entonces, Alberto Otárola, y con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, para pedirles que los soldados dejen de disparar.
El pedido de alto el fuego de la funcionaria pudo haber contribuido a detener el ascenso de la violencia y de las muertes. Pero, contrariamente, todo continuó y al final del día las calles de Huamanga eran un baño de sangre. Murieron ocho personas más y decenas de heridos copaban las camillas de los centros médicos. Las víctimas mortales eran, en total, dieciocho en el país.
Aquella fue la primera masacre de magnitud. La segunda y más sangrienta ocurriría en Puno, semanas más tarde, en enero de 2023, cuando murieron por disparos veinte personas. Para entonces, la violencia ya había desbordado por una mezcla de factores, uno de los cuales fueron los sangrientos sucesos de Ayacucho.
Allí, el pedido de cese del fuego de la entonces defensora del Pueblo cayó en saco roto.
Al día siguiente, 16 de diciembre, cuando ya se tenía noticia de ocho muertos –los otros dos huamanguinos morirían el día 18– la funcionaria fue convocada a Palacio de Gobierno para participar en un Consejo de Estado.
En Palacio, Revollar reiteró la urgencia de que el gobierno ordenara a sus tropas dejar de disparar contra los manifestantes, y señaló la necesidad de que la Fiscalía investigue los hechos cuanto antes.
Este segundo pedido pareció preocupar más a los implicados que las noticias mismas sobre las vidas que se estaban perdiendo.
Testimonios ofrecidos a la Fiscalía por la exdefensora del Pueblo, Eliana Revollar, y recientes declaraciones de los investigados Manuel Gómez de la Torre, exjefe del Comando Conjunto, y César Cervantes Cárdenas, exministro del Interior, obtenidos por Epicentro Tv, refuerzan la hipótesis de que la presidenta Dina Boluarte tuvo pleno y oportuno conocimiento de las acciones militares y policiales, de las muertes por disparos y, por lo menos, de aquel pedido de alto el fuego.
Sobre el curso de la historia no se predice, pero, dadas las advertencias de la defensora, es posible que haya podido ser distinta.
Mensajes y llamadas
Desde el mediodía del 15 de diciembre de 2022, hasta las 4 de la tarde, la Defensoría del Pueblo recibía en su despacho constantes reportes de sus representantes en Huamanga, Ayacucho, sobre la protesta en esa ciudad, que avanzaba amenazante hacia el aeropuerto. A esa hora, llegó la noticia de los dos primeros muertos.
Lo que hizo entonces Revollar fue pedirle una asesora de su despacho, que tome contacto inmediato. La asesora le envió a Otárola un mensaje de whatsapp.
Luego, hizo lo propio con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA),Manuel Gómez de la Torre, a través de su edecán. El mensaje era notoriamente angustioso: “Por lo ocurrido en Ayacucho. Es muy urgente”.
A las 5:19 de la tarde, mientras esperaba las respuestas de Otárola y de Gómez de la Torre, Revollar pidió que la cuenta de Twitter de la Defensoría emitiera un mensaje exigiendo el cese de uso de armas y del lanzamiento de bombas lacrimógenas desde helicópteros:
“Ayacucho. Tras el fallecimiento de dos personas y decenas de personas heridas durante el intento de toma del aeropuerto por parte de manifestantes, exigimos al CCFFAA el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros”.
El primero que le devolvió la llamada a la funcionaria fue Alberto Otárola, aproximadamente a las 5:45 de la tarde.
Los detalles de esa comunicación han sido proporcionados por Revollar en su declaración testimonial ante la fiscal provincial Mirela Coronel Molero, del Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, el 30 de noviembre de 2023:
“En esa conversación le pedí (a Alberto Otárola) lo que habíamos pedido en el tuit y que podía haber responsabilidad política, y le pedí que cese el uso de estos gases lacrimógenos desde los helicópteros y que se repliegue el personal armado que estaba fuera del aeropuerto”.
La entonces funcionaria indicó que la respuesta de Otárola fue “que sí, que ya los helicópteros no estaban sobrevolando”:
“Y me dijo que se había tratado de un grupo de militares que había salido de forma desprolija, sin todas las protecciones, y tuvieron que enfrentar a una multitud de personas, y prácticamente era como salvarse ellos, haciendo uso de sus armas de fuego, pero que ya todo estaba bajo control”.
Antes de las 6 de la tarde, el edecán del general Gómez de la Torre se comunicó con la asesora del despacho de Revollar.
Después de este mensaje, Gómez de la Torre llamó a la defensora del Pueblo. De acuerdo con su testimonio, la conversación fue de este modo:
Me dio una explicación similar a la que me había dado el ministro de Defensa, que se trata (ba) de una patrulla que no tenía protección y que fue rodeada en la parte posterior del aeropuerto… Me dijo que eran personas que estaban patrullando a pie y que ellos habían cumplido con el manual de los derechos humanos y con el Decreto Legislativo 1095, señales de alto, y luego recién señales de disparo”.
Así continuó esa parte de su declaración:
“En ese momento sólo hablábamos de dos fallecidos y decenas de heridos, y me dijo que la situación estaba bajo control pero (que) estábamos en estado de emergencia, y le señalé que aun en dicha situación, el rol de la Defensoría es garantizar la defensa de los derechos humanos. Asimismo, que deberían dar una señal de responsabilidad, de investigación, incluso de cambiar al jefe que estuvo a cargo del operativo luego de la vivencia vivida en Ayacucho. Él asintió, e indicó que la situación estaba bajo control”.
Pero la situación no estaba “bajo control”.
A las 5:46 de la tarde, mientras Revollar y Otárola se encontraban hablando por teléfono, la pista de aterrizaje del aeropuerto había sido despejada por las fuerzas del orden. Sin embargo, una de las cámaras de seguridad de la instalación captó el momento cuando una patrulla militar armada con fusiles siguió realizando disparos. Allí cayeron más víctimas mortales.
Las reuniones del 16
Al día siguiente, con dieciséis muertos, la conmoción en Ayacucho y en el resto del país era grande. Alberto Otárola se comunicó con Eliana Revollar y le pidió recibirlo en su oficina para “abordar la situación del país y el rol de las Fuerzas Armadas”. El ministro llegó a la Defensoría a las 4 de la tarde, aproximadamente. Según Revollar, así fue la reunión:
“Me explicó el detalle de cómo había sido la intervención (en Ayacucho). Ya había ocho fallecidos y le mostré la preocupación institucional. En ese marco, me preguntó cuáles eran las imputaciones por las cuales habían denunciado a él y a la presidenta Dina Boluarte”.
Al parecer, la preocupación de Otárola y, presumiblemente, de la presidenta Boluarte, se centraba no necesariamente en la muerte de dieciséis peruanos hasta ese momento, sino en las investigaciones que iniciaría el Ministerio Público para determinar la responsabilidad en esas muertes. Revollar lo narró así:
“Le expliqué que la Defensoría había denunciado ante la Fiscalía correspondiente en Huamanga solicitando la investigación por los dos fallecidos (inicialmente), y le expliqué que la denuncia por estos hechos en su contra y de la presidenta Dina Boluarte no fue interpuesta por la Defensoría sino por un abogado. Horas más tarde le hice llegar la denuncia y le pregunté cuál era el curso que se iba a seguir en las investigaciones. En medio de esta entrevista, la señora Valverde me indica que ingresó un oficio con carácter de urgente a horas 16:10, convocándome a un Consejo de Estado”.
Según su testimonio, Otárola le preguntó si asistiría a la reunión en Palacio, y ella le respondió que sí, y el ministro de Defensa se retiró.
En Palacio, con la presencia de la presidenta Dina Boluarte, el entonces premier Pedro Angulo, Otárola, Gómez de la Torre, el ministro del Interior, César Cervantes, y las cabezas del Poder Judicial, de la Junta Nacional de Justicia, del Congreso y del Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado se desarrolló desde las 5:30 de la tarde hasta las 9:45 de noche.
Todo indica que allí también los interesados volvieron a expresar su preocupación por las futuras investigaciones en sede fiscal:
“(Expresaron) las preocupaciones de las investigaciones que vendrían, (dijeron) que era mejor que se hable sobre el esclarecimiento de los hechos y no de investigaciones, pues estaba en cuestión la defensa de la democracia. Mi participación en todo momento fue solicitar que exista una investigación en el fuero del Ministerio Público, que se determine las responsabilidades, que los servicios de inteligencia deberían funcionar mejor, para determinar quiénes estaban detrás de los actos que superaban una protesta pacífica”.
Lo que también ocurrió, de acuerdo con Revollar, fue que después de la explicación del jefe del Comando Conjunto sobre la acción de las fuerzas de seguridad, en donde aseguró que “se había cumplido con los principios de legalidad, necesidad, y todo el marco legal correspondiente al uso de las armas”, el alto militar recibió la felicitación de las autoridades presentes por haber “defendido la democracia”. Parece que de los dieciséis muertos, nada:
“Recuerdo que la mayoría de autoridades saludaron y felicitaron el accionar de las Fuerzas Armadas y Policiales, pero, en específico, que se habrían referido a los fallecidos y heridos, no hubo esa intervención”.
Al final de la reunión de alto nivel, algunos de los participantes ofrecieron declaraciones a la prensa en el frontis de Palacio de Gobierno. Quien tomó la palabra fue, principalmente, José Ávila, entonces presidente de la Junta Nacional de Justicia, como se observa en este video de archivo de RPP.
No era la primera vez que Revollar hacía estas advertencias. Un día después de las primeras muertes en Apurímac y dos antes de Ayacucho, en el programa "Réplica", de Epicentro Tv, se refirió a los primeros indicios de abuso policial y llamó a las fuerzas del orden a efectuar un uso proporcional de la fuerza.
"Ese es un tema en el que la Defensoría del Pueblo siempre va insistiendo en el uso proporcional de la fuerza, el respeto por los derechos humanos. Hay todo un desarrollo normativo de protocolización de cómo se tiene que intervenir. Pero, lamentablemente, al fragor de una protesta y en un escenario de convulsión, muchas veces estas normas no se respetan. Por ejemplo, hemos visto que integrantes del grupo Terna, que no están permitidos, han detenido a personas en la capital; el uso de perdigones, que tampoco estaba permitido. Hoy, todas las personas que entre hoy y ayer han perdido la vida, ha sido por proyectil de armas de fuego, o sea, sí ha habido disparos. Entonces, acá hay una situación muy seria y nosotros siempre hemos llamado al uso proporcional de la fuerza".
La declaración del jefe del CCFFAA
Después de la declaración testimonial de Eliana Revollar, la fiscalía que investiga los sucesos de Ayacucho citó a Manuel Gómez de la Torre. El 12 de marzo de 2023 fue la audiencia con el ex alto mando.
Después de escuchar su explicación sobre planes operativos, normas, estrategias y tácticas desplegadas en Ayacucho, la fiscal Mirela Coronel Molero le preguntó por su conversación telefónica con la defensora del Pueblo, el 15 de diciembre de 2023. Así respondió el ex jefe militar:
“No recuerdo exactamente lo que se habló, pero la defensora me habló sobre los fallecidos en Ayacucho, sobre lo que salía en los medios de comunicación social”.
Allí, la fiscal le preguntó sobre el pedido de alto al fuego de la defensora y sobre el mensaje del tuit publicado la tarde del 15 de diciembre por la Defensoría. Gómez de Torre reconoció esa posibilidad:
“Es posible (el pedido de alto el fuego). Lo que sí recuerdo (es) que sí expresó su preocupación de lo que sucedió en Ayacucho… Es posible que lo haya visto (el tuit)”.
El entonces jefe de Comando Conjunto reaccionó así –según su propias palabras– cuando se enteró de las muertes en Huamanga:
“De inmediato me comuniqué con el Comando Operacional del Este pero no tenía conocimiento de este hecho y dispuse que averigüe y me dé cuenta. Posteriormente me dio cuenta que, efectivamente, a través de los medios de comunicación se estaba difundiendo la noticia (de) que había un fallecido, pero no teníamos conocimiento (de) que había sido producto de la acción de nuestras fuerzas y que estaba al pendiente”.
El 17 de enero, dos días después de los hechos, habían muerto dos personas más que yacían heridas en un hospital. Oficialmente, los muertos de Ayacucho ya eran diez. Ese día, Gómez de la Torre viajó a Huamanga, en donde, según él, nadie le habló de muertos ni de heridos:
“Nada, en ningún momento se dio cuenta de fallecidos ni de heridos por parte de la acción militar. El personal militar manifestó que no tenía conocimiento de las causas de los heridos o fallecidos”.
Gómez de la Torre no atendió nuestros pedidos de entrevista realizados hace más de una semana. Su abogado, Donatilo Cabanillas Fernández, tampoco respondió el correo electrónico que le enviamos. A ambos les precisamos los temas a tratar.
Exministro del Interior: la presidenta sabía
El 29 de setiembre de 2023, quien fue ministro del Interior durante las violentas protestas, César Cervantes Cárdenas, declaró en calidad de investigado ante la misma Fiscalía.
“Me ratifico en todo lo manifestado en dicha declaración”, respondió Cervantes refiriéndose a su declaración del 14 de agosto de 2023. Allí señaló a la presidenta Dina Boluarte y a Alberto Otárola.
“A raíz de la pérdida de la vida de ciudadanos en mi gestión, convoqué al comandante general, al Comasgen y otros generales, que debe estar registrado en las visitas a Palacio de Gobierno, a efectos (de que) informen la situación en cada una de las pérdidas de vidas. Estaba presente el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto y la presidenta de la república”.
Sobre ello fue que se ratificó el exministro Cervantes. La fiscal le preguntó luego sobre un mensaje de whatsapp que la presidenta Boluarte le envió el 18 de diciembre de 2022 –cuando los muertos ya eran veinte–, para ordenarle: “Ministro, buen día, no tiene que haber ningún fallecido más”.
La fiscal le preguntó si estaba al tanto de dicho mensaje, y Cervantes le respondió:
“Le contesto (a la presidenta Dina Boluarte): así es presidenta, solo policía en primera línea, Fuerzas Armadas cuidar activos críticos y servicios esenciales, Policía acompaña protestas, entre otros. Lo tengo claro, cero costo social”.
No obstante, las muertes continuaron, cuando las protestas se trasladaron a Cusco, Arequipa y La Libertad.
Cervantes señaló que “diariamente” el comandante general de la Policía Nacional le informaba sobre los muertos. Y, a su vez, él le daba cuenta de las acciones policiales al Consejo de Ministros.
“En las múltiples reuniones en la Presidencia del Consejo de Ministros, en Consejo de Ministros, todos hablábamos de lo que veníamos desarrollando, el apoyo que recibíamos y el apoyo de cada sector”.
En las preguntas 28, 29 y 31 de la declaración del exministro Cervantes, la fiscal le preguntó por lo que se abordaba en aquellas sesiones del Consejo de Ministros, y así respondió:
“La sesión del Consejo de Ministros eran permanentes (sic)… eran intensas, eran múltiples. Esos días ingresábamos y salíamos de Palacio de Gobierno en todo momento, cada cuatro horas aproximadamente se verificaba lo que sucedía en el país… La participación del premier (Pedro) Angulo era muy activa, es decir, participaba, dirigía, escuchaba todo lo que en ellas se exponía”.
En palabras del exministro del Interior, el entonces presidente del Consejo de Ministros “era muy activa” y “participaba, dirigía”. También dijo que en dichas reuniones se informaba incluso de los fallecidos, y que la presidenta Dina Boluarte “estaba presente”.
La presidenta de la República ha señalado que puede ser la jefa de las Fuerzas Armadas y Policiales pero que “no tiene comando”. Sin embargo, estas declaraciones la ubican en el lugar en el que se tomaba conocimiento de los hechos y se tomaban decisiones, en donde el presidente del Consejo de Ministros “participaba, dirigía”, según el exministro Cervantes.
Las declaraciones que hemos expuesto en este informe refuerzan la hipótesis en las investigaciones fiscales sobre quiénes son los responsables por las 49 muertes y los daños a decenas de personas. Se conocen en un contexto en el que la presidenta ha empezado a responder por otro caso, el de un posible enriquecimiento ilícito. Lo de diciembre de 2022 y enero de 2023 no es un caso de joyas ni de vanidades, pero sí un grave asunto de uso obsceno de las armas.