Es una rápida carrera contra el tiempo la del gobierno brasileño para salvar las vidas de cientos de indios yanomamis, entre ellos muchos niños, golpeados por la desnutrición, la disentería, la neumonía y el paludismo. Una emergencia sanitaria y humanitaria declarada por el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras su visita relámpago de la semana pasada al estado de Roraima, epicentro de la crisis.
El actual gobierno acusa al ex presidente Bolsonaro de “genocidio”
Entre las primeras medidas decididas figura la llegada de vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea Brasileña, que trajeron alimentos y medicamentos de primeros auxilios. También se creó un hospital de campaña para atender a los más de 700 yanomamis que ahora necesitan cuidados urgentes. Los niños más graves están siendo atendidos en el hospital de Boa Vista, la capital de Roraima, que desde el 1 de enero acoge a una treintena de niños indígenas, 27 de los cuales son yanomamis que sufren por una desnutrición grave.
Según el Ministerio de los Pueblos Indígenas, que acaba de ser inaugurado por el nuevo gobierno, al menos 570 niños yanomamis han perdido la vida en los últimos cuatro años debido a esta emergencia sanitaria.
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En los últimos 15 años sus condiciones se han ido deteriorando y bajo el gobierno de Bolsonaro han sufrido una drástica reducción de las intervenciones sociales y un aumento de la minería ilegal, también conocida como “garimpo”, en sus tierras.
De ahí las duras acusaciones del nuevo gobierno contra la anterior administración Bolsonaro. Tanto Lula como su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, han acusado al ex presidente de “genocidio”, un asunto sobre el que la Policía Federal acaba de abrir una investigación a petición del ministro de Justicia, Flavio Dino, para averiguar posibles omisiones.
En Brasil existe desde 1956 una ley sancionada por el entonces presidente Juscelino Kubitschek que tipifica el delito de genocidio con una pena máxima de 30 años, ya que el país no contempla la cadena perpetua en su código penal. El Supremo Tribunal Federal (STF),según filtraciones de la prensa brasileña, también pretende investigar en los próximos días la posible responsabilidad del gobierno de Bolsonaro en el envío de datos falsos sobre las comunidades yanomamis.
Además de reducir drásticamente órganos esenciales para las comunidades indígenas como el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA),Bolsonaro en sus cuatro años de gobierno ha colocado al frente de la Secretaría de Salud Indígena a militares sin ninguna experiencia en el tema, el último en orden cronológico el coronel Reginaldo Machado.
Machado viajó a Roraima en diciembre, para reunirse con la Coordinación del Distrito Especial de la Salud Indígena Yanomami y “proponer acciones para resolver los problemas sanitarios de la comunidad”. Además, según un informe de la FUNAI (la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas) publicado por la prensa brasileña, los exponentes del sector minero ilegal habrían sobornado regularmente a los militares de Roraima en los últimos años para poder operar sin controles.
A pesar de que la extracción de oro en las reservas indígenas está prohibida en Brasil, los grupos criminales aprovechan la ausencia de controles para invadir tierras y ríos con un impacto devastador para la población, empezando por la contaminación del mercurio utilizado profusamente por los buscadores de oro y dejado en los ríos sin ninguna compensación ecológica.
Se trata de un mercado gigantesco que afecta a toda la región amazónica, no solo en Brasil, que en 2021 movió 52,8 toneladas de oro en el país del samba con “serias sospechas de ilegalidad” (un 25% más que en 2020) según datos del Instituto Escolha. Quien controla este mercado criminal es por un lado la delincuencia organizada, incluidos grupos como el Primer Comando Capital (PCC),que diversifica así su cartera delictiva y sus posibilidades de blanqueo.
Por otro lado, a un nivel superior, existen bancos, fondos de inversión, cooperativas de crédito, incluso extranjeras, que financian la explotación minera en Brasil, un capital imprescindible para adquirir las maquinarias adecuadas y las aeronaves para el transporte. Las zonas donde opera la minería ilegal son accesibles en un 98% sólo por vía aérea, y esto explica por qué los extractores ilegales o “garimpeiros” se han apoderado de decenas de pistas para este uso ilegal.
El vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami (HAY),Dário Kopenawa Yanomami, declaró a la prensa brasileña que “los garimpeiros, cuando vienen a nuestras tierras, dan comida, bebidas alcohólicas y drogas a nuestra gente” para controlarla. El portavoz indígena también denunció los numerosos abusos sexuales a mujeres y niños por parte de los buscadores de oro. “No es el hambre lo que nos está matando -dijo- sino la ausencia de atención médica, la contaminación de nuestras aguas y la falta de responsabilidad del gobierno”.
El Ministerio Público Federal lleva días instando, como ya había hecho en el pasado sin éxito, a que los invasores se retiren de siete tierras indígenas del estado de Roraima, donde no sólo viven los Yanomami, sino también otras etnias como los pueblos Karipuna, Kayapo y Mundurucu. En 2022, la justicia federal ya había decidido que la Agencia Nacional de Minería debía realizar subastas de los productos confiscados al sector ilegal para donar lo recaudado a la protección de los indígenas. Pero la subasta nunca se realizó.
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